El precio de la luz es un motivo de preocupación cada vez más grave. Por una parte, dificulta que muchas familias, especialmente aquéllas con menos recursos, lleguen a fin de mes. Por otra parte, el elevado precio de la energía también complica la rentabilidad de muchas empresas, ya de por sí lastrada por la Pandemia y sus restricciones. Por último, como la energía es un factor productivo muy relevante, el aumento de costes se está convirtiendo, inevitablemente, en aumento de precios: como anticipábamos hace unos meses, la inflación ya está aquí.
Ante todo esto, surge la duda de qué puede hacer el gobierno. Respecto del precio de la gasolina, el gasóleo o el gas natural, que no se producen en España, parece que no hay mucho margen, no queda más remedio que aguantarse con los precios de los mercados internacionales. Por supuesto queda el socorrido "recurso" de apelar a la reducción de impuestos. Sin embargo, no está de más recordar que España tiene los impuestos más reducidos de la Unión Europea en gasóleos o gasolinas, y no hay margen para reducirlos sin infringir las directivas europeas. Además, los proyectos de la Comisión Europea pasan por obligar a los Estados Miembros a incrementar estos impuestos y no reducirlos precisamente.
La cuestión de la electricidad es más compleja. Pero, convendría tener claro el origen del problema. Según el Banco de España, la causa del 50% del incremento de la factura de la luz está en los precios del gas natural que se utiliza para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado. Según este mismo informe, el origen de otro 20% está en el incremento del precio de los derechos de emisión. Estos derechos cotizan en los mercados, pero el origen del incremento está en que los Estados Miembros de la UE cada vez subastan menos derechos, en lo que es un instrumento fundamental del mecanismo europeo de la transición ecológica. Además, como el carbón emite mucho más CO2, producir electricidad quemando carbón es cada vez más caro y menos rentable en Europa. Este hecho, a su vez, hace que para cubrir los picos de demanda eléctrica, o también cuando no hay producción renovable suficiente, aumente a su vez la demanda de gas natural.
Inevitablemente, la electricidad producida con gas, o con carbón, aunque ya es residual en España, tendría que pagarse más cara, ya que han aumentado los costes para producirla. Ahora bien, el incremento del precio de la luz ha sido muy superior. Toda la electricidad es igual y sirve para lo mismo. Sin embargo, el coste para los distintos productores no lo es. No sólo eso, sino que la estructura de costes de unos y otros no tiene nada que ver. En general, los costes de producir electricidad son costes fijos derivados de una enorme inversión inicial. A partir de ahí, el coste de producir más, es muy escaso o incluso cero. Esto es cierto para la energía nuclear y para todas las renovables, incluyendo la hidroeléctrica. Estas fuentes de energía, además, no emiten CO2, y por lo tanto, tampoco tienen que pagar derechos de emisión. Sin embargo, el coste variable sí es relevante para el gas y el carbón, que son los que habitualmente fijan el precio mayorista de toda la energía consumida y producida.
En estos momentos hay muchas críticas al sistema "marginalista" del mercado eléctrico. Sin embargo, este sistema es el más utilizado en el mundo, y el establecido por las directivas de la Unión Europea. Y no es fácil sustituirlo por otro, porque hay un porcentaje muy relevante de la producción eléctrica que apenas tiene costes variables, pero que no cubriría sus costes fijos si vendiese su producción a ese precio. Pero, también resulta evidente que, en las circunstancias actuales de mercado, estos productores, eólicos, solares, nucleares e hidroeléctricos están percibiendo más ingresos sin que se les hayan incrementado los costes, por lo que están ganando más dinero. Cuando el precio del gas y de los derechos de CO2 era muy inferior, también ganaban menos dinero: es el mercado energético, amigo.
Todo esto no va a cambiar, ni nos vamos a parecer a Francia, porque se cree una empresa pública de producción de energía eléctrica. Ésta no es una cuestión ideológica, es que Francia tiene 56 reactores nucleares en funcionamiento propiedad de una eléctrica pública, EDF, y ése es el resultado de décadas de inversión: en 2019 produjeron más del 70% de la energía eléctrica en Francia. En general, la solución a largo plazo para reducir la factura eléctrica está en aumentar la producción que se realiza a menores costes, tenga la propiedad que tenga, pública o privada. Eso sí, si la propiedad es pública, esos recursos públicos que se inviertan, obtenidos de los impuestos, no se podrán dedicar a otras políticas.
Si se quiere incrementar la producción de energía eléctrica, habrá que realizar más inversiones en fuentes de energía a menores costes. Aquí hay dos alternativas: por una parte, la energía nuclear, con el obvio inconveniente del problema, no resuelto, del tratamiento de los residuos y sus riesgos. La ventaja que tiene la energía nuclear es que produce continuamente. La otra alternativa son las energías renovables, eólicas y solares, cuyos costes ya son competitivos. El inconveniente fundamental de estas energías es que son intermitentes. El punto clave para que se impongan definitivamente es la mejora tecnológica de las baterías. Recordemos que ha sido precisamente la mejora de las baterías de litio la que ha permitidos la viabilidad de los ordenadores portátiles y de la telefonía móvil.
El incremento de la oferta de energía eléctrica, por ejemplo mediante las subastas de renovables, es algo imprescindible, por la sencilla razón de que necesitaremos más electricidad con la transición ecológica, y buena parte de la potencia instalada en España es intermitente, y por lo tanto nunca se dispone más que de una parte de ella para producir energía. Naturalmente y éste es el problema más importante, las nuevas inversiones serán mucho más difíciles y complicadas si se recortan, por decreto, las retribuciones de los productores de energía eléctrica, o por lo menos de las fuentes de energía que podemos incrementar en el futuro. En cualquier caso, los recortes en los ingresos de las compañías eléctricas generan una enorme litigiosidad, no siempre se consideran válidas en los Tribunales, y en ocasiones es discutible su compatibilidad con el marco europeo.
Por supuesto, se pueden reducir impuestos de la factura. Aquí hay límites, porque no se puede dejar el IVA a cero, y España no incluyó en su negociación con la Unión Europea la energía eléctrica como un elemento de IVA súper reducido. Ahora, según la Directiva, si se quisiese hacer, habría que adaptarse a la nueva norma que exige un tipo mínimo del 5%, con lo que subirían a este tipo muchos bienes de primera necesidad. Pero, sobre todo, lo que no pagásemos como consumidores de electricidad, lo tendríamos que pagar como contribuyentes de otros impuestos, o por la vía de recortes de gasto público.
Algo similar se puede decir de la idea de sacar los costes regulados de la factura. El coste más importante, con muchísima diferencia, son las primas a las energías renovables concedidas en el pasado. Pero, en cualquier caso, sacar miles de millones de euros al año del recibo eléctrico abarataría el recibo, pero complicaría también mucho la situación de nuestras cuentas públicas. Lo que no pagásemos como consumidores lo acabaríamos pagando como contribuyentes, nada es gratis.
Se pueden tomar medidas parciales, como algunos que ya se han tomado rebajando en algunos casos el IVA al 10% o suspendiendo el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, pero, evidentemente, una solución completa a corto plazo del incremento drástico de precio de la luz, que se está produciendo en toda Europa no es factible sin crear problemas mayores. Es el mercado energético, amigo, en su cara más amarga.
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