Renovar el CGPJ con negociaciones. Así las llaman. Así se llaman. Eso son. Los políticos harán pedazos las togas y se repartirán sus retales porque son, claramente, su botín. Y negociados los nombres de los integrantes del CGPJ, vendrá el apretón de manos con la sonrisa delatora de que los negociadores han conseguido un buen reparto político aunque deje en cueros a la Justicia.
La Constitución se ocupa, en títulos diferenciados, del Gobierno y de las Cortes sin denominarlos nunca Poder Ejecutivo ni Poder Legislativo. Sin embargo, dedica el Título VI al Poder Judicial. Con ese nombre. Usa un lenguaje inequívoco y sin resquicio para la interpretación o la duda. En el artículo 117 la Constitución subraya expresamente la esencial importancia de la independencia judicial porque sabe que es un poder al que pueden acosar los otros dos y al que hay que preservar de interferencias ajenas, un poder en el que el Ejecutivo y el Legislativo tienen intereses políticos que intentarán siempre satisfacer.
Al negociar la composición del CGPJ, los políticos eligen a quienes mantienen coincidencias con su propia ideología. Después, cuando esos vocales negociados designen a su vez a los magistrados del Tribunal Supremo, a los presidentes de los TSJ, presidentes de Audiencias Provinciales y otros altos cargos judiciales, reproducirán el mismo espectro político partidista que sirvió para nombrarles a ellos como vocales. Y se hará permanente la inicua realidad de que la promoción en la carrera judicial tiene poco que ver con el mérito y la capacidad porque está mediatizada por la carga política de un órgano de gobierno que ha sido políticamente negociado por políticos, entre intereses políticos y para fines políticos. Los nombramientos y los ascensos pueden servir para influir políticamente en los tribunales. Y la función disciplinaria e inspectora del Consejo, también.
Los negociadores que pactaron la designación de los vocales, pueden penetrar así, políticamente, una capa más, ya en pura vía jurisdiccional, en el interior mismo del poder judicial, a favor de su partido, situando de forma mediata, longa manu, en los vértices de la estructura judicial, a jueces y magistrados nombrados por razones. Se trata de crear pasarelas entre el poder político y el poder judicial. O lo que es lo mismo, de que el poder judicial quepa en el bolsillo de los negociadores.
Por otra parte, las asociaciones judiciales, en vez de defender los intereses profesionales de sus miembros, se identifican con sectores del arco parlamentario con el que mantienen coincidencias ideológicas. Integradas en un universo que les solicita candidatos a vocales del Consejo para presentarlos a los negociadores políticos y que les pide apoyo indispensable para el nombramiento de altos cargos judiciales, se convierten en elementos instrumentales de la penetración política in extenso en el Poder Judicial, operando como una malla impregnada de instancias partidistas que se filtra en el interior de la jurisdicción.
No se trata de abrir un espacio estéril, químicamente aséptico alrededor del Poder Judicial para evitar el contacto con la política. Se trata de garantizar la efectiva imparcialidad del juez, su condición ética en el interior del proceso. Y para ello, el CGPJ debe ser elegido por los mismos jueces, no por los políticos profesionales. Esto lo saben los políticos. Y por eso lo nombran ellos.
Antes de renovar el CGPJ debe cambiarse la forma de elección. Los partidos políticos tienen que decidir entre sus intereses y el Estado de Derecho. Y no me arriesgo al creer que seguirán eligiéndose a sí mismos, entre ellos mismos. Iniciativas transversales que apelan a Europa y ahora mismo denuncian allí esta perversión son probablemente lo único que nos queda. Pero ese recurso a Bruselas es también lo único que acabará defendiendo el Estado de Derecho.
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