La Comisión Europea volvió a pasar revista al Estado de Derecho en los 27 socios de la UE. Hungría y Polonia continúan destacando como los rebeldes, representando un serio desafío para Bruselas y las capitales. Pero España también se volvió a llevar un serio rapapolvo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial en este segundo examen anual que realiza el Ejecutivo comunitario.
"El sistema de justicia español sigue enfrentándose a algunos desafíos. En particular, la falta de renovación del Consejo de la Judicatura persiste en ausencia de un acuerdo en el Parlamento para renovar un número de órganos constitucionales", señala el informe sobre nuestro país.
No es la primera vez que Bruselas afea a Madrid el bloqueo de la renovación del CGPJ, pero ahora aúna y afila los argumentos, sobre todo insistiendo en dos puntos señalados recientemente. Primero, la necesidad de consultar con todas las partes la renovación, es decir, la importancia de consensuar la reforma con la oposición. Segundo, recomienda diseñar un sistema en el que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales del Consejo, "en linea con los estándares europeos".
"Tenemos que insistir en que es necesario que el Consejo funcione", señaló la vicepresidenta del ramo en la Comisión, Vera Jourova. El informe comunitario además recoge otros puntos débiles del marco español, como las "preocupaciones" por el régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales o el bajo número de jueces por habitante. Además, en las consultas con las autoridades españolas, organizaciones profesionales y sociedad civil también "se han reiterado las preocupaciones en relación con la autonomía de la fiscalía respecto al Gobierno". Bruselas también advierte de que España no cuenta con una estrategia específica contra la corrupción, a pesar de los progresos en esta materia. Y en el capítulo de los medios, otro de los puntos que analiza el informe, el Ejecutivo comunitario nota que continúan los desafíos en relación con la transparencia de su propiedad.
Entre los puntos positivos, la Comisión valora que el Gobierno corrigiera el tiro al retirar la norma para renovar el CGPJ por mayoría absoluta, ya que "hubiera aumentado la percepción de que el Consejo era vulnerable a la politización".
Respecto al asunto catalán, que llegó hasta el informe el año pasado, Bruselas repite su línea de que se trata de un asunto interno español y no tiene vinculación con el Estado de Derecho. Pero una fuente además añade que ha habido menos comentarios sobre este tema este año, lo que sugiere que "está en proceso de ser canalizado".
El examen comunitario de este año presta atención particular al impacto del covid-19, sobre todo por las medidas especiales tomadas por los Gobiernos. Aunque la pandemia ha supuesto un "test de resistencia" también para las democracias, la Comisión concluye que los socios han superado la prueba.
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