Madrid
El Pleno del Congreso aprobó este jueves, y ahora remitirá al Senado, el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley Orgánica que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos de altos cargos judiciales y magistrados del Tribunal Supremo cuando sus miembros se encuentren en funciones, una vez superado el plazo legal establecido para su mandato en más de cinco años.
También se aprobó por el Pleno la proposición de Ley Orgánica para la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que despenaliza las coacciones de los piquetes en el desarrollo de huelgas.
Ambas iniciativas han sido planteadas por el Grupo Socialista, siendo la del CGPJ conjunta con Unidas Podemos. En este caso, para aprobar la proposición, era necesaria una mayoría absoluta de 176 votos, pero el Gobierno y sus socios la han superado con creces hasta sumar 196 diputados. En contra han votado el PP, Vox y Ciudadanos, hasta alcanzar los 150 diputados y también ha habido una abstención.
El PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los tres quintos que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, ante la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
El calendario aún posibilita que la Cúpula Judicial apruebe los puestos que tiene vacantes
El portavoz de Justicia del PSOE, Francisco Aranda, defendió que se trata de "una iniciativa encaminada a establecer una regulación legal en la interinidad del CGPJ" y añadió que "se hace inexcusable, y con independencia de si se produce la tan esperada renovación, que el CGPJ sume una regulación donde se contemplen sus funciones tasadas en el momento en que pasa a estar en interinidad". Y recordó al PP que "saben tan bien como yo, que su posición bloqueadora es injustificable, no se sostiene, ni política, ni jurídica ni éticamente".
El CGPJ ha seguido adelante con su actividad de nombramientos. En la actualidad está tramitando el nombramiento de dos plazas vacantes en el Tribunal Supremo, que por calendario aún podrían llevarse a efecto. Y la semana pasada se realizó el nombramiento de seis de las ocho designaciones que tenía sobre la mesa. El presidente, Carlos Lesmes, incluyó estos nombramientos en el orden del día a petición de ocho vocales tras decidir inicialmente no hacerlo para dar respetar la negociación entre PP y PSOE.
Revisión de sentencias
En cuanto a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, se incluye, además, la revisión de sentencias firmes dictadas en cumplimiento del mismo, tras rechazar las propuestas del PP, Vox y PNV de conservar, con mayor o menor dureza, castigos de cárcel específicos para los posibles abusos de los piquetes.
Andrea Fernández, diputada del PSOE, explicó que "es una de las deudas pendientes que tenemos como demócratas con el sindicalismo". "Con la derogación" del artículo 315 apartado 3 del Código Penal "se trata de eliminar un precepto que criminaliza las huelgas y el sindicalismo", explicó.
El diputado del PP Jaime de Olano, sin embargo, advirtió del riesgo de que esta despenalización acabe con penas más duras para las coacciones de los piquetes, al estar más castigado el delito de coacciones, o incluso que se aumenten por contabilizarse tantos delitos como personas coaccionadas.
