Decía Alfonso Guerra, con ese ingenió y mordacidad que le caracteriza y en referencia al general Franco que él no boxeaba con fantasmas. Una filosofía y una forma de entender la política la del que fuera vicepresidente del gobierno socialista de Felipe González, que ni entienden ni comparten Pedro Sánchez, su gobierno y su partido que, siguiendo las prácticas de adoctrinamiento y distracción que utilizaba el Dictador con las fugas del Lute y otros culebrones a la carta, se empeñan en resucitar una y otra vez a ese Franco al que necesitan y utilizan como estandarte propagandístico.
Lo hicieron con el reality show en que convirtieron la exhumación de sus restos, también con el folletín inacabado de la expropiación del Pazo de Meirás y lo hacen ahora a través de esa Ley de Memoria Democrática con la que intentan tapar su incapacidad para gestionar y resolver los problemas del país y las preocupaciones de los españoles que van desde el repunte de la crisis sanitaria con una quinta ola del Covid -el gobierno francés ha puesto a España como ejemplo de lo que no hay que hacer- hasta la desmesurada subida del precio de la electricidad, pasando por el desempleo que no cesa, la inflación imparable, la desafección por el indulto a los golpistas o su desafío al poder judicial que pretenden someter y controlar vulnerando los principios más elementales de la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho.
Un tic autoritario y dictatorial, que se acentúa hasta el extremo en los socios podemitas de la coalición, que ha obligado a la Comisión Europea ha dar un severo toque de atención, el segundo en menos de un año, para denunciar el acoso del gobierno a la Justicia, instar a modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial para que sean los jueces quienes elijan a sus representantes y no sea un intercambio de cromos entre los partidos políticos y un reflejo de la mayoría gubernamental, lo que crea muy serias y fundadas sospeches de que un organismo en teoría independiente, sea excesivamente "vulnerable a la politización".
Tal es la alarma que el hostigamiento del sanchismo ha provocado en la Comisión y en los principales socios de la UE que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, no ha dudado en comparar a España con Hungría y con Polonia, países cuyas derivas autoritarias los han llevado a estar en el punto de mira de las sanciones de la Unión con peticiones, incluso, de expulsión.
Y la gravedad del asunto supera también el ámbito meramente político y de ataque a las instituciones democráticas, con ser este ya transcendental para el mantenimiento de las libertades, para alcanzar también el ámbito de la economía y de la recuperación. Recordar que Bruselas condiciona la entrega de los dineros del Fondo de Reconstrucción al cumplimiento del Estado de Derecho y que cualquier país miembro puede paralizar de emergencia el envío del dinero si no se cumplen las reformas y las inversiones comprometidas o si ven amenazadas las garantías democráticas.
Esto es lo que nos estamos jugando dentro y fuera y este es el rival con el que toca competir. Un púgil real, preparado, con razones contundentes y que no parece dispuesto a permitir que Sánchez se siga colgando medallas de oro que no le corresponden. Como la de las vacunas, que las compra la Unión Europea y las gestionan e inoculan las comunidades autónomas que son quienes ponen los recursos y la logística, sin intervención alguna de un gobierno central.
Afortunadamente, porque donde si tiene medalla Pedro Sánchez es en el pódium de países con mayor exceso de mortalidad asociada a la pandemia. Un 68,5% más de muertes en la primera ola, que sitúan a España solo por detrás de EE UU y del Reino Unido, como muestra el informe realizado por el Consorcio de Mortalidad Covid-19 (C-Mor) en el que participan 33 instituciones y en que España está representada por la Universidad de Oviedo. Pero esa medalla se le olvidó al Presidente en su balance.
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