Opinión

Simplificar la normativa para resucitar bancos

La banca pide simplificar la regulación

Tras la crisis financiera de 2008 las autoridades internacionales iniciaron un proceso de revisión del marco regulatorio de las entidades de crédito con el fin de proteger la estabilidad financiera. Este proceso de renovación, que por un lado ha endurecido algunas normas ya existentes (estándar de capital) y por otro lado ha creado algunas normas nuevas (marco de resolución, entre otras), se ha hecho a costa de dotar a la regulación bancaria de un nivel extremo de complejidad técnica y de incrementar sustancialmente los costes regulatorios de los bancos.

El marco de resolución de entidades de crédito es un conjunto de normas cuyo objetivo es facilitar a las autoridades la gestión de las crisis bancarias minimizando el coste de estas para la economía. Es decir, es un marco que define los pasos que se deben seguir cuando se quiere resucitar un banco que está al borde de la muerte. Esta normativa, muy compleja, ha tenido un impacto muy relevante en los balances bancarios hasta el punto de condicionar de manera muy significativa un elemento tan estratégico para las entidades como es la estructura de financiación (mediante el requerimiento de MREL, también conocido como 'capital de crisis'). Además, la norma ha supuesto un incremento muy significativo de los costes regulatorios a los que tienen que hacer frente los bancos en términos de reporte de información o de costes financieros asociados a las emisiones de instrumentos financieros para lograr el cumplimiento del antes mencionado MREL.

Las autoridades europeas van a iniciar, por segunda vez en un periodo de siete años, un proceso de revisión de esta joven normativa. Esta semana finalizaba el plazo que la Comisión Europea había fijado para responder a la consulta pública en la que se propone la revisión de la Directiva de Resolución y Recuperación de entidades de crédito (BRRD por sus siglas en inglés).

El objetivo de esta reforma es mejorar algunas deficiencias que se han puesto de manifiesto desde su aprobación en 2014. Desde su entrada en vigor, ha habido varios casos de crisis bancarias en Europa y solo en una única ocasión se ha ejecutado el marco de resolución. Es decir, los estados miembros han buscado soluciones alternativas para la gestión de crisis bancarias, lo que contrasta con lo oneroso de los requerimientos y los altos costes asociados a la norma de resolución. Debería ser prioritario para las autoridades hacer las reformas necesarias para garantizar la aplicación del marco de manera consistente, armonizada y de forma más generalizada en la Unión Europea.

Por otro lado, el marco actual presenta algunos obstáculos para su ejecución en los casos de crisis de entidades medianas, aquellas que son muy grandes para que sus crisis puedan ser gestionadas a través de los procesos concursales tradicionales pero que se consideran muy pequeñas para cumplir con los exigentes requerimientos de MREL. Para dar solución a este problema se plantea la creación de una figura alternativa al concurso y la resolución (llamada por las autoridades 'orderly liquidation tool') que, en visión de las autoridades, facilitaría la gestión de las crisis de estas entidades, pero que por otro lado complica de nuevo el marco general de gestión de crisis y podría llevar a desnivelar el terreno de juego entre entidades medianas y entidades más grandes que compiten en los mismos mercados. La propuesta de la Comisión debería ser ambiciosa y buscar soluciones que, aunque desde un punto de vista de negociación política puedan ser más controvertidas por la cantidad de intereses contrapuestos en Europa -como puede ser la armonización de las leyes de insolvencias-, puedan reducir la excesiva complejidad del marco y garanticen a su vez un nivel de juego equilibrado en el sector bancario europeo.

Finalmente, la propuesta de revisión trataría de resolver otras carencias de carácter más técnico como la reforma del marco de medidas de intervención temprana que hasta la fecha no ha sido utilizado de manera generalizada por las autoridades.

Esta revisión de la Directiva de resolución es una oportunidad para reducir el grado de complejidad técnica del marco, para garantizar que todas las entidades europeas y por ende todos los acreedores de entidades de crédito europeas compiten en igualdad de condiciones y, finalmente, para reducir en la medida de lo posible los costes regulatorios en un entorno económico en el que los bajos tipos de interés y las incertidumbres provocadas por la pandemia podrían dificultar el desempeño del sector bancario europeo.

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