Opinión

Fondo para la recapitalización de empresas medianas

El Fondo de Recapitalización de empresas medianas, una buena herramienta para salvar a firmas que son vertebradoras de la economía

El pasado 12 de marzo el Consejo de Ministros aprobó con una dotación de 1.000 millones de euros la creación del Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la COVID (FR), dirigido a reforzar la solvencia de empresas españolas de tamaño medio cuya viabilidad y competitividad de largo plazo estén afectadas por la pandemia. Este fondo será gestionado por la sociedad financiera de capital mixto público-privado, COFIDES. Se dirige a un nicho de empresas de menor tamaño de las que son el objetivo del Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas dotado de 10.000 millones de euros y atribuido a la SEPI. Mientras que la inversión mínima unitaria de este último fondo es de 25 millones de euros, en el caso del FR previsiblemente ésta será la cuantía máxima de sus inversiones.

El FR es un instrumento de apoyo a la solvencia del tejido empresarial que se suma al amplio despliegue de esfuerzos públicos de apoyo a las rentas de las familias, el mantenimiento del empleo y la dotación de liquidez a las empresas: ERTEs, ajustes de costes laborales y fiscales, líneas de avales de ICO y CESCE, moratorias concursales, quitas y reprogramación de deudas bancarias avaladas, etc.

El fondo podrá materializar sus inversiones en forma de participaciones en el capital social, híbridos de capital y deuda, o una combinación de ellos. Se prevé un uso amplio del préstamo participativo, de carácter subordinado y con retribución ligada a la evolución futura de las empresas. Operará de forma similar a los que los países de nuestro entorno han constituido como complemento de fondos de solvencia para empresas de carácter estratégico. En Alemania su fondo opera en cooperación con los Länder y enfatiza instrumentos de participaciones de capital "silenciosas" (sin derecho a voto); en Francia, el Plan Relance de BPI, e Italia, a través de CDP, dan prioridad a los préstamos participativos, si bien en todos los casos la panoplia de instrumentos de financiación disponibles es variada.

El FR se ha creado para superar impactos de la ya larga crisis de la COVID sobre la sobrevivencia de empresas de tamaño mediano (las llamadas midcaps en el argot financiero), vertebradoras de la economía nacional. La mayoría de ellas eran perfectamente viables antes de la pandemia, presentaban niveles de rentabilidad y capitalización aceptables, habían realizado desde la crisis de 2008 importantes esfuerzos de modernización e innovación, estaban bien insertadas en las cadenas globales de valor y se habían internacionalizado. Aun no siendo muchas en términos numéricos, ya que (datos de SABI y DIRCE) representan alrededor del 0,5% del número total de empresas, generaban en 2019 alrededor del 16% del empleo directo (casi 3 millones) y son la piedra angular del desarrollo regional y local, la innovación y la competitividad. Suelen ser empresas tractoras de muchísimas otras de tamaño menor y autónomos. Un reciente informe del Círculo de Empresarios enfatiza en la productividad comparada de la empresa mediana, que no sólo supera en un 11% la productividad promedio del mismo segmento de empresas de la UE, sino que en el período 2013-2018 incrementó su productividad a una tasa acumulada del 16,3%.

Las llamadas midcaps son vertebradoras de la economía nacional y del empleo

Durante este año de crisis las empresas de mediana capitalización han visto como se erosionaban sus recursos propios hasta el punto de dejar de ser sujetos solventes de crédito y entrar en una fase de atrofia que eventualmente hará inútil cualquier esfuerzo competitivo una vez que la economía global (ojalá que sea pronto) salga de la crisis. De no intervenir con acierto, cuando este momento llegue, y por la propia operativa del mercado, las empresas y sus respectivas cadenas de valor en el territorio podrían haber perdido ya su capacidad de competir en la carrera de la recuperación, y con ello haberse evaporado en el proceso una parte relevante del tejido productivo, la innovación nacional y la inversión realizada en los años anteriores, con el consecuente efecto en desempleo. Además, una consecuencia indeseada de la crisis productiva sería su traslación a los balances bancarios y la consecuente crisis financiera, que nos volvería a traer remembranzas indeseables de la crisis de 2008.

La colaboración público-privada en la selección y análisis de las inversiones es clave

Ante las dificultades que este nicho de empresas enfrenta a la hora de acceder a los mercados privados de acciones o de otros instrumentos híbridos para enjugar sus déficits de capital, es apropiado el diseño de un instrumento público de financiación de último recurso que, sin otorgar subvenciones a fondo perdido, sea generalista desde el punto de vista sectorial e invierta selectiva y temporalmente para:

(1) reforzar la solvencia de largo plazo, permitiendo a las empresas medianas viables (según planes de negocio de medio plazo realistas) sobrevivir y competir

(2) compartir con los empresarios las incertidumbres de la recuperación y distribuir de manera equilibrada los esfuerzos de la restructuración de los pasivos con los financiadores involucrados, ya que la liquidación de una empresa no es una opción saludable para nadie

(3) salvaguardar los intereses de los trabajadores y proveedores, tomando en consideración criterios de desarrollo sostenible

(4) eventualmente, a través de la participación en la rentabilidad del esfuerzo inversor público, hacer partícipe al conjunto de la sociedad de los frutos de la, más próxima que tardía, recuperación.

Siguientes pasos

En las próximas semanas el Consejo de Ministros habrá de aprobar la norma de desarrollo del fondo y la Comisión Europea deberá pronunciarse en materia de ayudas de Estado. Sólo con posterioridad a estos hitos regulatorios COFIDES podrá subir la persiana y comenzar a ejecutar diligentemente el encargo. Mientras tanto, la compañía está acomodando su estructura, diseñando procedimientos operativos y de gobernanza ágiles y transparentes, y desarrollando marcos de colaboración con proveedores externos de conocimiento y servicios. La colaboración público-privada en la correcta selección, análisis y estructuración de las inversiones será clave.

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