Los líderes mundiales y, en concreto, europeos, están poniendo el acelerador para trabajar sobre la emergencia climática. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Macky Sall, Antonio Gutierres, Charles Michel y Ursula Von Der Leyden firmaban a principios de febrero un artículo en el que consideran que esta es "una oportunidad de recrear el consenso para un orden internacional basado en el multilateralismo (…), donde es necesario que todos los gobiernos, empresas, ciudades e instituciones financieras se unan para la reducción a cero de la emisión neta de CO2".
Más allá de la elevación de objetivos que se espera del COP26 de Glasgow, hay muchos aspectos que hacen ver que esta exigencia es ya imparable a todos los niveles de nuestra sociedad. Pero, en mi opinión, la clave está en esa inclusión definitiva de las "instituciones financieras" que eleva de plano la ambición, desde un deseo de liderazgo de la Unión Europea a una economía enfocada realmente en el cambio climático.
A finales de enero el BCE anunció la creación de una nueva división de cambio climático que trabajará de forma transversal a toda la organización y que reportará directamente a Christine Lagarde. Por si cabía alguna duda, la sostenibilidad medioambiental va a ser determinante para la política monetaria europea, el sistema financiero y, en definitiva, para la marcha económica del continente.
Los Bancos Centrales a lo largo de Europa, como el de España y Francia, ya están invirtiendo en fondos de bonos verdes como el creado por el BPI (Banco Internacional de Pagos). De hecho, todas las entidades bancarias tienen la misión de realizar una autoevaluación y planes del riesgo climático, y desde 2022 se les realizarán pruebas de estrés climático.
También el Banco Europeo de Inversiones tiene un importante rol en redirigir inversión privada hacia proyectos sostenibles y garantizar su viabilidad económica.
Y, sin duda, los inversores están volcados en los fondos con criterios ESG y verdes, ya que el 94% de los índices de empresas con impacto positivo baten a sus homólogos tradicionales en rentabilidad y menor riesgo, según los datos del primer trimestre de 2020.
Además, solo accederán al Fondo de Recuperación y Resiliencia europeo las compañías mejor posicionadas para llevar a cabo la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, inclusiva y medioambientalmente sostenible.
La sostenibilidad medioambiental debe ser parte de la estrategia de las empresas
Las empresas que no estén contemplando políticas de lucha contra el cambio climático ligadas a su estrategia empresarial y con claros indicadores de gestión van a quedar fuera del mercado, sin oportunidades de financiación y sin el apoyo y confianza de sus stakeholders.
Por el contrario, aquellas empresas que cuenten con una estrategia a largo plazo bien articulada y con un plan claro para abordar la transición y descarbonización van a generar una conexión genuina con los stakeholders al actuar desde un propósito compartido, lo que les permitirá ser más competitivas y afrontar mejor los retos de un entorno más incierto que nunca.
El mundo empresarial ha cambiado de rumbo y se enfoca en un nuevo paradigma basado en la creación de valor sostenible para todos los grupos de interés: el capitalismo de los stakeholders. Este nuevo paradigma implica que las empresas deben integrar las expectativas de esos stakeholders a las decisiones empresariales para garantizar la sostenibilidad de su negocio y su liderazgo.
Y esas expectativas sobre las empresas son muy altas en numerosas problemáticas sociales pero, en su compromiso medioambiental, son ya una exigencia clamorosa. Nunca antes la sostenibilidad medioambiental estuvo tan ligada al desempeño y futuro de las propias empresas. Debe ser parte de la estrategia empresarial y activarse a largo plazo con acciones coherentes dentro y fuera de la compañía.
La sostenibilidad, y en concreto su capítulo medioambiental, es ya algo más que un plan y un reporte. Se constituye en un necesario marco de referencia para todos los actores empresariales, institucionales y sociales. Y está ya en el centro de las decisiones económicas europeas.
Para conseguir los objetivos de la Agenda 2030 sería necesaria una inversión de 2,5 billones de dólares anuales. Considerando estas cifras, queda claro que esta misión tiene que acometerse de forma conjunta por parte de todos los actores clave y el rol de las empresas será determinante. Y quizá, si se empuja entre todos con la fuerza suficiente, logremos frenar la emergencia climática.
