Opinion legal

La fiebre por la sostenibilidad y la responsabilidad que conlleva

Foto: Archivo.

La transición hacia una economía más sostenible es actualmente uno de los mayores retos de la sociedad. Por ello, esta transición es uno de los elementos que más atención está recibiendo tanto de los reguladores como de los participantes en los mercados financieros, incluyendo bancos, fondos e inversores. De hecho, a nivel bancario, es cada vez más evidente el cambio hacia una financiación responsable social y medioambientalmente y se espera que el sector bancario sea el motor de dichas iniciativas.

En este contexto, nos encontramos ante el desafío de cumplir, no solo con el Acuerdo de París, sino también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas lo cual conlleva, entre otros aspectos, una transformación de nuestros hábitos de consumo, inversión, producción y de nuestro modelo económico. Alcanzar estas metas requerirá, con carácter general, de un alto grado de coordinación a nivel internacional y una significativa inversión en nuevas tecnologías a los efectos de acometer la transformación de tecnológicas y sectores existentes. A ello se le suman los diversos eventos inesperados como los incendios forestales en Australia y la pandemia de Covid-19, que han demostrado, una vez más, que determinadas circunstancias de naturaleza no financiera pueden tener un fuerte impacto en la sociedad y nuestro sistema económico.

Los datos demuestran que la sociedad está respondiendo al desafío: en los últimos años ha aumentado considerablemente el interés por las "inversiones responsables" y las "finanzas sostenibles". De hecho, en una encuesta realizada por Herbert Smith Freehills a 232 clientes del sector bancario, el 92% de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que los préstamos vinculados a factores medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) y la inversión en tales factores representa una importante oportunidad para sus organizaciones.

El mercado de deuda sostenible, y con ello la amplia gama de productos de financiación sostenible disponibles para emisores, deudores e inversores, está evolucionando significativamente. En primer lugar, los bonos y préstamos verdes, que seguirán desempeñando un papel importante en los próximos años, se están viendo ahora acompañados por productos financieros relacionados con la deuda social, de sostenibilidad y para la transición ecológica. Cada vez con mayor frecuencia, los instrumentos financieros tradicionales incluyen mecanismos de determinación del precio de los mismos vinculados a indicadores de cumplimiento en conceptos de ESG. Todo esto representa una tremenda oportunidad para los participantes en los mercados financieros para mejorar su oferta y consolidar, en el largo plazo, el uso de productos de crédito sostenibles.

Sin embargo, el incremento en la demanda por estos instrumentos y la falta de estándares de mercado para este tipo de productos financieros ha puesto de manifiesto algunas dificultades para identificar, medir y cuantificar los riesgos y factores ESG de manera efectiva lo que, en algunos casos, puede conllevar el incremento de la preocupación por la divulgación o promoción engañosa en temas ESG (el conocido como greenwashing). Este tipo de circunstancias ha llevado a los reguladores a intentar establecer mecanismos a los efectos de facilitar el intercambio de información sobre riesgos e impactos ESG, armonizar el funcionamiento de los mercados y promover la transparencia respecto de estos conceptos mediante la divulgación de las prácticas de ESG por parte de los participantes en los mercados financieros.

Europa sigue siendo líder en este desarrollo. En el marco del Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible, publicado por la Comisión Europea en 2018 y el Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Europea en 2019 como instrumento para orientar el crecimiento europeo hacia "una economía circular climáticamente neutra", surge una ambiciosa estrategia a nivel europeo sobre finanzas sostenibles, con la que se pretende orientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. El Plan de Acción está respaldado por cuatro nuevos reglamentos clave: el Reglamento de Taxonomía, que proporciona un lenguaje común sobre sostenibilidad; el Estándar de Bonos Verdes, que facilita un marco estandarizado para los bonos verdes; el Reglamento sobre Índices de Referencia, que establece un marco para los índices de referencia de bajas emisiones de carbono; y el Reglamento de Divulgación, que clarifica de las obligaciones de divulgación de información en materia de sostenibilidad.

Otras iniciativas dirigidas a armonizar los mercados financieros y crear estándares de mercado para la divulgación y promoción de los nuevos productos de crédito sostenibles son los Principios de Préstamos Verdes y los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad elaborados por la Loan Market Association (LMA), la Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) y la Loan Syndications and Trading Association (LSTA) y los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI), que exigen a sus firmantes ciertas obligaciones de información y divulgación sobre la incorporación de consideraciones ESG en las decisiones de inversión.

De momento, la normativa, tanto de cumplimiento obligatorio como voluntario, establece una serie de pautas generales para aclarar las dudas que surgen a los participantes en los mercados financieros sobre cómo identificar, medir y cuantificar los riesgos y factores ESG. No obstante, quedan muchos interrogantes por aclarar y la gran variedad de la información involucrada a estos efectos representa un claro reto para los participantes en los mercados financieros, tanto a nivel de preparación de la información necesaria como a la hora de recopilar los datos para poder cumplir con las obligaciones marcadas por la normativa. Serán necesarios mucho tiempo y recursos a los efectos de, entre otros aspectos, establecer un proceso interno centralizado de gestión de la información relacionada con ESG, que aúne diferentes líneas de negocio y localizaciones, y un procedimiento interno de redacción y actualización de las divulgaciones necesarias para asegurarse de que su mensaje sea coherente y de que registren y verifiquen las fuentes de cualquier información publicada.

Aunque las repercusiones legales del incumplimiento de las normas en materia de ESG por parte de los participantes en los mercados financieros no siempre son claras, sí puede tener consecuencias negativas tanto a nivel político como reputacional. Adicionalmente, no podemos descartar que un incumplimiento en materia de ESG pueda dar lugar a posibles litigios. En los últimos años se ha experimentado un incremento en litigios relacionados con el cambio climático. De hecho, un estudio en curso bajo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Universidad de Columbia muestra que el número de litigios ha aumentado a más del cuádruple desde 2014 y existen más de 1.300 litigios conocidos en al menos 32 jurisdicciones. En cuanto al objeto de las disputas, estas varían significativamente, pero los temas más repetidos son la falta de adaptación o mitigación del impacto del cambio climático, la facilitación de financiación a empresas condenadas por abusos en derechos humanos o la insuficiencia de divulgación de riesgos financieros materiales.

La demanda generalizada de información completa y fiable en materia de ESG refleja la necesidad de la sociedad de un cambio al que la normativa tendrá que adaptarse tarde o temprano. Los mercados financieros y las principales instituciones que en éstos participan son conscientes de este cambio y están ya liderando importantes iniciativas de ESG reafirmando su papel como instituciones críticas en nuestra sociedad.

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