El 2020 ya terminó. Un annus horribilis en el que el primer mundo ha temblado ante una pandemia que sigue dejando miles de víctimas cada día.
Todos los gobiernos, con mayor o menor acierto, han construido baluartes imaginarios para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas y siguen esforzándose porque esta crisis sanitaria no acabe solo con la salud, sino también con la economía.
Los efectos de esta suerte de plaga bíblica en el mundo laboral son tan disruptivos que lo modificarán de forma contundente e irreversible. De hecho, el proceso ya ha comenzado, empezando por los cambios en la organización del trabajo, motivados entre otros factores por los hábitos de consumo, cada vez más alejados de la presencialidad.
Para evitar el colapso, es absolutamente necesario apostar por la supervivencia del tejido empresarial y su adaptación, poniendo el foco en los más pequeños.
El trabajo autónomo, representado por 3.267.873 personas en España, se encuentra en una situación crítica. Y aunque hay actividades más castigadas que otras, nadie saldrá indemne.
Las obligaciones fiscales y de seguridad social suponen un desembolso importantísimo ante una caída vertiginosa de las ventas, mientras la incertidumbre pone la guinda al pastel.
Es cierto que se han articulado ayudas que han dado sus resultados, como la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad, la compatibilidad del desempleo con el desarrollo del trabajo autónomo, los ERTE y la financiación avalada, pero no son suficientes. En absoluto.
Además, las sucesivas prórrogas entran en vigor demasiado tarde y obstaculizan una previsión seria sobre ingresos y gastos, por no hablar de la burocracia que acompaña a cada norma. Si añadimos la falta de digitalización de nuestros negocios, el cóctel es explosivo.
En este escenario preocupante, las trabajadoras por cuenta propia encontramos aún mayores problemas. Desde que iniciamos nuestra actividad estamos sometidas a una mayor precariedad de recursos, incluido el tiempo, lo que al final de nuestra vida laboral se traduce en pensiones más bajas –superando los 200 euros de media- y, en consecuencia, en una peor calidad de vida.
A pesar de constituir el 35,8% del colectivo y haber aumentado nuestra presencia en sectores claramente masculinizados, como el transporte y las actividades científicas y económicas, seguimos dedicándonos fundamentalmente a los servicios y especialmente al comercio, donde es muy difícil competir en el entorno actual.
Las herramientas que manejamos y los canales de venta que utilizamos son arrastrados por el tsunami de la venta online de las grandes compañías y la guerra del posicionamiento en la red.
Cuestiones de índole empresarial como estas, provocaron que de marzo a abril, el RETA perdiera más de 20.516 autónomas. Sin embargo, no sucedió lo mismo con los varones.
La diferencia estriba en que en el caso de las emprendedoras, a las circunstancias del mercado se sumaron las sociales, volviendo a evidenciar lo lejos que estamos de una igualdad real y efectiva. Se demostró una vez más, por si cabía alguna duda, que somos las mujeres las que damos un paso hacia adelante cuando se trata de cuidar a las personas dependientes de nuestro entorno.
Lo peor de todo es que el sistema no ofrece soluciones. Antes bien, observamos con incredulidad cómo se da continuidad a políticas activas que nos perjudican de forma grave.
Miles de autónomas no pueden acceder a la prestación extraordinaria por haber percibido la de maternidad en 2020. La norma en vigor exige haber cobrado esta ayuda específica antes de junio, lo cual era imposible si te encontrabas de baja maternal. A los autónomos les pasa exactamente lo mismo con la de paternidad, si bien sus descansos son más reducidos.
La deducción de mil euros en el IRPF por soportar costes de guarderías o centros educativos para los menores entre los 0 y los 3 años, está siendo restringida. Sólo es posible si los gastos provienen de centros públicos o infantiles que cuenten con licencia autonómica. Se deja fuera a todos los que funcionan con licencia municipal, a pesar de que constituyen el mismo número y que la demanda de las familias supera en un 50% a la oferta pública.
El plan MECUIDA del Gobierno de España tampoco ha sido una excepción. Prevé la reducción o adaptación de la jornada laboral para posibilitar la conciliación cuando deba guardarse cuarentena. De las personas trabajadoras autónomas no se habla. Sin más. Tenemos que cerrar nuestros negocios y perder ingresos.
Incluso en esta situación claramente desventajosa, a 30 de noviembre hemos vuelto a crecer, continuando la tendencia de la última década. Desde Federación ATA, reivindicamos los derechos de 1.169.765 autónomas de España, conscientes de que constituyeron una pieza clave en la recuperación económica tras la crisis de 2008 y lo serán en la era postcovid.
En consecuencia, exigimos la eliminación de normas que enquistan las desigualdades, y reclamamos que en la gestión de los fondos europeos destinados a la recuperación de nuestra economía, no se olviden los derechos fundamentales que nos amparan.
