El Gobierno amplía notablemente el organigrama del departamento que se encargará de gestionar los 140.000 millones, en ayudas comunitarias contra la crisis, que España recibirá este año. La Dirección de Fondos Europeos contará con una nueva secretaría general de la que dependerán, a su vez, cuatro subdirecciones también creadas ad hoc.
Sin duda, resulta comprensible que el Ejecutivo adapte su estructura a situaciones completamente excepcionales como las planteadas por la pandemia, y por la necesidad de gestionar los cuantiosos recursos del llamado Plan Marshall europeo.
Ahora bien, esa rapidez de reflejos, en lo que respecta a la creación de nuevos cargos y organismos, debería verse compensada por una flexibilidad comparable a la hora de eliminar otras dependencias que, en la actual situación de crisis, resultan accesorias, o incluso superfluas. La búsqueda de este equilibrio es importante para todo Gobierno, pero resulta irrenunciable en un Ejecutivo como el formado por PSOE y Podemos.
El primer Gabinete de coalición de la democracia española nació, hace justo un año, con un volumen de ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales que rebasa el propio de sus antecesores. La crisis no cambió en absoluto esa realidad; muy al contrario, durante el primer estado de alarma se originaron once subdirecciones, ligadas en su mayoría a un departamento no relacionado directamente con la emergencia sanitaria, como es el Ministerio de Consumo.
El Gobierno, por tanto, evita corregir e incluso agudiza el sobredimensionamiento que muestra desde que nació en una situación económica opuesta a la actual. El Ejecutivo agravará así el preocupante estado que ya muestran las cuentas públicas.
