La Comisión Europea presentó ayer su gran plan de ayudas contra la crisis del Covid-19. Las líneas maestras de lo que es aún sólo una propuesta contiene indudables aspectos positivos. Su cuantía no llega a los 1,5 billones de los que Bruselas llegó a hablar al inicio de la epidemia, pero queda cerca: 750.000 millones. Además, se incluye una partida específica de 60.000 millones que serviría como catalizador para impulsar una inversión privada diez veces mayor.
Más allá de las cifras absolutas, debe valorarse el peso de que disfrutan las transferencias directas, que suman 500.000 millones. Se trata de todo un avance considerando que todos los recursos que la UE ha movilizado hasta ahora, desde el MEDE hasta el fondo SURE contra el paro, se articulaban mediante nuevos préstamos, todo un problema para países ya tan endeudados como España. Además, la nueva propuesta de la Comisión supera a las anteriores en su protocolo de toma de decisiones. Lejos de exigir las siempre dificiles unanimidades, bastaría una mayoría cualificada, lo que desactiva el poder de bloqueo de los países del norte. Con todo, pese a estos puntos fuertes, sería un error considerar que el Plan Marshall de la UE está exento de dificultades. El hecho de que España quede eximida de devolver los 77.000 millones en transferencias que le corresponderían no equivale a que sean gratis.
Está por verse que los países del norte estén dispuestos a limitar 'motu proprio' su influencia en la toma de decisiones
Es previsible que la UE exija las reformas que el Gobierno se resiste a acometer. Sobre todo, debe considerarse que se trata de una propuesta que los Parlamentos nacionales deberán revisar. Y está por demostrarse que los halcones del norte estén dispuestos a limitar voluntariamente su influencia en la toma de decisiones.
