En contra de la euforia del Gobierno tras la aprobación de los Presupuestos, la falta de credibilidad de las cuentas aprobadas, y la categoría política de los grupos que las apoyan empiezan a provocar la alarma entre los inversores y las agencias de rating internacionales que advierten ya sobre la amenaza de los populismos y del independentismo y la consiguiente inestabilidad política de España.
Este fin de semana, poco más de 24 horas después del "sí" del Congreso al Presupuesto, nos hemos enterado de que Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grandes del mundo, avisaba a los inversores internacionales sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, porque liga su destino a los independentistas, y alertaba que el pacto presupuestario comporta riesgos de nueva estabilidad política en España y está excesivamente ligado a lo dineros del Fondo de Reconstrucción de la UE.
Una inestabilidad política que se hizo patente en la desangelada celebración del Día de la Constitución en la Cámara baja, donde la ausencia de los socios del Gobierno en la Frankenstein, estuvo acompañada por la confirmación del enfrentamiento y desprecio personal entre el jefe del Gobierno y el líder de la oposición -ni siquiera se saludaron- en contra del espíritu de concordia que ampara nuestra Carta Magna, y por la enésima homilía de un arrogante Pedro Sánchez que fue el único de los dirigentes políticos que no admitió preguntas de los periodistas, al más puro estilo de los dictadores bananeros.
Una conmemoración de la Constitución en la que, por cierto, el foco de atención mediática se concentró en la figura de Isabel Díaz Ayuso. Una estrella emergente, aunque les pese a muchos extraños y a algún propio.
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Pero no es sólo Goldmán Sachs quien alerta. La agencia de calificación española Axesor Rating rebajaba la semana pasada la calificación crediticia de Barcelona y de Madrid "como continuación de la rebaja que hizo a la del Reino de España" en septiembre, argumentando que la nota del resto de administraciones queda limitada a la del Gobierno central por su dependencia financiera.
Un movimiento el de Axesor que no será el único que sufra España en las próximas semanas. Standard & Poor's, una de las tres grandes a nivel mundial, ya ha puesto la calificación del país en revisión negativa, que suele ser la antesala de un recorte de la calificación.
Y también el Banco de España ha querido tomar cartas en el asunto para advertir de que los efectos de una bajada de rating de la deuda corporativa de empresas españolas no financieras van a ser más acusados que en las crisis anteriores como consecuencia de la importancia de su financiación en los mercados. Unas emisiones estas de nuestras empresas no financieras que equivalen al 15% del PIB nacional.
Recuerda el supervisor en un artículo publicado en la Revista de Estabilidad Financiera que los cálculos del Fondo Monetario Internacional apuntan que en España la deuda sobre el PIB seguirá en el 118,8% en 2025, frente al 95,5% de 2019. Un volumen de endeudamiento sin precedentes en la historia reciente ante el que es inevitable plantearse la cuestión de "si será posible afrontar su pago sin sobresaltos y sin el riesgo que futuras dificultades económicas hagan aún más desafiante su devolución".
Falta de confianza
Son avisos muy serios a los inversores internacionales quienes son conscientes, además, que el reto que tiene ahora el Ejecutivo es rentabilizar al máximo los 140.000 millones del Fondo de Reconstrucción porque nadie con las más elementales nociones de economía duda de que los mercados se volverán más exigentes si ven que los dineros europeos no se transforman en crecimiento económico.
Dineros que todavía están en el aire y dependen de la aprobación del resto de los Estados miembros de la Unión, la mayoría de los cuales, incluidos los poderosos Alemania y Francia, no se fían de Sánchez. Sobre todo, porque, al igual que le ocurre a Goldman Sachs, la deriva política del Gobierno y la naturaleza de sus coaligados no generan certidumbres en nuestros socios europeos y tampoco garantizan la seguridad jurídica suficiente en los inversores.
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