El Gobierno cumplió in extremis con su obligación de enviar a Bruselas su plan sobre los Presupuestos Generales del año próximo. El modo en que Moncloa apuró los plazos en nada ha contribuido a que el documento presente la necesaria concreción que cabe exigir a un informe de esta importancia.
Carecen sus páginas de una hoja de ruta en cuanto a los ingresos fiscales y de la evolución del gasto público. En el primer caso, se prevé un incremento de la recaudación de 33.500 millones en 2021, lo que equivale de borrar de forma súbita los apuros que el sistema impositivo atraviesa este año. No en vano Moncloa reconoce que la caída de recaudación en 2020 sumará 27.400 millones, un 5,6% menos que en 2019 (con picos de caída del 13% en el caso de Sociedades). Es imposible fiar una mejoría de esa envergadura al crecimiento esperado en 2021, máxime cuando las previsiones de avance del PIB del Gobierno ya son cuestionadas. Por ello, el Ejecutivo alude, de forma solapada a alzas de impuestos tanto directos ("mejora de la progresividad impositiva") como indirectos ("medidas en el ámbito del IVA y de los Impuestos Especiales"). Queda así abierta de nuevo la puerta a decisiones tan nocivas en un momento de depresión del consumo y la actividad como la penalización fiscal del diésel o de las rentas altas.
La hoja de ruta del Gobierno se basa en alusiones solapadas a alzas de impuestos mientras el gasto público sigue al alza
La falta de coherencia aún queda más en evidencia en el capítulo del gasto público. Pese al agravamiento de la crisis, que puede multiplicar el coste de medidas como los Ertes, se prevé subida de las pensiones del 0,9% y la posibilidad de un alza idéntica en el sueldo de los funcionarios. Por todo ello, el plan enviado a Bruselas sólo sirve para delatar la falta de una hoja de ruta creíble para la recuperación del equilibrio presupuestario.
