Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con que nos sorprendían la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas, incapacidad para innovar o que a la hora de reformar y legislar pesa más la repercusión electoral -son 9,7 millones los votos de los pensionistas- que el habilitar soluciones imaginativas, eficaces y sostenibles para uno de los mayores problemas que debe encarar este país.
En definitiva, una reedición más del parto de los montes, es decir mucho ruido y mucha espera para luego alumbrar un ratón. Que no otra cosa son los tres pilares sobre los que se asienta este preacuerdo: volver a vincular las pensiones al IPC, acercar la edad de jubilación real a la legal y desplazar los gastos de la Administración de la Seguridad Social a los presupuestos de la Administración del Estado. Eso, con el añadido de ese esbozo de incentivar los planes de pensiones de empresas. Es decir, las mismas soluciones de las que llevábamos hablando desde la crisis financiera de 2008 y, además, carentes de detalle y concreción.
El preacuerdo alcanzado en la Comisión del Pacto de Toledo parece una reedición del parto de los montes, es decir mucho ruido y cuatro años de espera para luego alumbrar un ratón
Empecemos por la vinculación entre revalorización de las pensiones e IPC. Una medida sobre el papel loable y deseable, pero con un déficit de la Seguridad Social de 72.500 millones de euros y una hucha de las pensiones en la que sólo queda 1.543 millones, lo primero que habría que plantear es como vamos a financiar esa revalorización. Sobre todo, porque el actual desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social no es consecuencia de un gasto en pensiones excesivo -en España supone aproximadamente el 9 por ciento del PIB frente a algo más del 12 por ciento de media de la UE- sino de la fuerte caída de los ingresos por cotizaciones derivada del aumento del desempleo y el descenso de los sueldos.
Como aseguran la mayoría de los analistas, las únicas políticas que sostienen la protección social son las dirigidas al crecimiento de la economía y la creación de empleo. Y ese debe ser el principio sobre el que fundamentar cualquier reforma del sistema.
Respecto al acercamiento de la edad real de la jubilación a la legal, un reciente informe del sindicato USO, muestra como la extensión de la edad legal de jubilación a los 67 años y el incremento de 15 a 25 años del periodo de cómputo para el cálculo del valor de la pensión está llevando a una drástica reducción en el valor de las pensiones, una disminución media del 10 por ciento y como el aumento de los años necesarios para tener derecho al 100 por ciento de la pensión provocará que la mayoría de los futuros pensionistas no lleguen a percibir la cuantía máxima que les habría correspondido.
Tampoco arregla nada el trasvase al Ministerio de Hacienda de los gastos de la Administración de la Seguridad Social, que únicamente suponen desplazar la carga, pero sin reducirla o, como diría un castizo, vestir un santo para desnudar a otro.
El mayor desempleo y los sueldos bajos han generado el déficit de la Seguridad Social
Y en lo que concierne a la incentivación de los planes de pensiones de empresas, habrá que esperar a ver la letra pequeña, especialmente en lo que hace al tratamiento fiscal, aparte de que, aparentemente, supone un primer paso para avanzar en el cambio del actual sistema de reparto a un sistema de capitalización o mixto. Lo que no es malo en sí, al contrario; pero siempre que se haga de forma razonable y garantizando los derechos de aquellos trabajadores de las pequeñas empresas, la mayoría de las cuales no están hoy en condiciones de aportar al nuevo plan, y menos en la situación actual de recesión económica y cierre de negocios.
Pues eso, que después de cuatro años de embarazo Sus Señorías nos han deparado un parto prematuro que va a necesitar de mucha incubadora para sostenerse y madurar.
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