El Gobierno baraja la posibilidad de crear un nuevo subsidio de desempleo (de 430 euros mensuales) destinado a parados que hubiesen agotado su prestación ordinaria, y no hubiesen podido encontrar un empleo entre el inicio del estado de alarma y el 30 de septiembre de 2020.
La iniciativa no es nueva, ya que Trabajo la incluyó en su acuerdo con los agentes sociales de finales de junio, con el visto bueno de patronal y sindicatos. Su diseño es también el que cabe esperar de las ayudas creadas para situaciones excepcionales (como la propia de la pandemia), con claras limitaciones en cuanto al colectivo hacia el que se dirigen y respecto a su vigencia temporal.
No repetiría, por tanto, los graves errores del ingreso mínimo vital, que se permite tener carácter vitalicio y carece de los debidos controles sobre las condiciones que deben presentar sus beneficiarios. Sin embargo, el nuevo subsidio para parados no está exento de problemas. Como la patronal expone, resulta muy dudoso que haya "disponibilidad presupuestaria" para financiarlo. El ejemplo de otras ayudas creadas ad hoc por la crisis resulta poco alentador.
La prestación específica para empleadas del hogar se anunció en marzo y no se ha hecho efectiva en ningún caso. En este capítulo, se presentaron 30.000 solicitudes, mientras que el nuevo subsidio para parados debería atender a 550.000 personas, por lo que las dificultades serán mayores. En concreto, el Sepe tendrá que asumir un coste extra de 700 millones en un momento en el que sus problemas de liquidez son evidentes y no cumple funciones tan básicas como pagar todos los Ertes en vigor. El Servicio de Empleo se arriesga así a un colapso aún mayor.
