El presidente de la Generalitat, Quim Torra, desafía a la magistrada del Juzgado número 1 de Lleida que señaló la ilegalidad del nuevo confinamiento decretado por el Govern en esa ciudad y sus alrededores, tras el grave rebrote de coronavirus que ese territorio sufre. Torra pide a los leridanos que respeten unas restricciones a la movilidad que, como la juez deja claro, competen solamente el Gobierno central, y requieren el posterior refrendo del Congreso.
Torra es perfectamente consciente de que se está extralimitando en sus funciones. Basta con recordar que, en el inicio del pasado estado de alarma, abogaba por un aislamiento total de Cataluña que no pudo materializar, por la negativa de Moncloa a dar ese paso. Si el 'president' se atreve ahora a llegar unilateralmente más lejos se debe que busca intencionadamente el enfrentamiento con las instituciones. Torra nunca ha tenido escrúpulos en sacar réditos políticos de este tipo de conflictos. De hecho, le resultan especialmente útiles actualmente, cuando vuelve a especularse con un adelanto electoral en Cataluña y JxCat disputa de nuevo con ERC el liderazgo del 'procés'.
No hay ninguna justificación, por tanto, para el afán de la Generalitat de violar la ley y mantener un confinamiento que sólo siembra confusión en los ciudadanos, y que empeora aún más la nefasta gestión de esta crisis que el Govern ha protagonizado desde su inicio.
