El Gobierno es como una olla que va cogiendo presión", afirma una fuente cercana. "Lo que no sabemos es cuanto aguantará ó si saltará por los aires", apostilla. Las discrepancias entre los dos principales socios son cada día más difíciles de ocultar. Empezaron a manifestarse durante la celebración del consejo de ministros en el que se aprobaron las primeras medidas contra el coronavirus, que se alargó más de siete horas.
En aquella maratoniano sesión, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, chocaron como dos expresos en vías opuestas por la nacionalización de las industrias estratégicas, incluidos los medios de comunicación.
Iglesias fracasó en sus primer intento. Pero no desfalleció. Unos días después volvió a la carga con su famoso tuit en el que apelaba al "escudo social" que ofrece el artículo 128 de la Constitución al anteponer "el interés general" a la riqueza de los españoles.
"El problema es el presidente, que acaba consintiendo todo a Iglesias", dicen en Moncloa
Pese a la polémica y torticera interpretación de la Carta Magna, el presidente del Gobierno permitió que Iglesias defendiera el dichoso artículo delante de Calviño unos días después, en la presentación de las medidas sociales. Una rueda de prensa televisada en hora de máxima audiencia ante millones de personas, en la que no estaba previsto su participación.
Pero Iglesias lo tenía claro. Telefoneó a Pedro Sánchez y se saltó la cuarentena con tal de convertirse en la "cara social" del Gobierno ante millones de españoles, ante el asombro de propios y extraños.
"El Gobierno está partido prácticamente en dos, entre los cuatro ministros de Unidas Podemos, que en ocasiones logran la adhesión de algún otro como Ábalos ó Escrivá y el resto", reflexiona esta fuente. "Lo malo es que Sánchez lo consiente y termina siempre cediendo a sus pretensiones", remata.
Visto en perspectiva fue un error dejar en manos de Podemos el área de Trabajo, como ya ocurrió con Salvador Illa en Sanidad. Con el coronavirus, ha cobrado protagonismo la política laboral por la concesión de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (Ertes) a millones de trabajadores.
El podemita se forja una imagen social a costa del Gobierno ante la proximidad de unos comicios
Ante la fuerte presión podemita y del comité científico, Sánchez decretó un permiso retributivo para las actividades no esenciales. Pero la titular de Trabajo, Yolanda Díaz se resistió a aceptar un periodo de tiempo "tan corto" y pugnó hasta el último minuto por ampliar el número de actividades a todas con excepción de la alimentación y la sanidad.
Las discrepancias internas propiciaron que la lista de actividades afectadas no se diera a conocer hasta 20 minutos antes de la medianoche de su entrada en vigor, sin tiempo para que las empresas pudieran comunicarlo a sus trabajadores.
Díaz compareció en TVE para excusarse con que la complejidad en la elaboración de la normativa había llevado más tiempo del previsto. Una gran mentira.
Fue Calviño la que relajó las normas sobre los sectores afectados, porque entre ellos figuraba toda la industria electrointensiva en uso energético ó la de cogeneración, que no puede cesar sus actividades de un día para otro.
Las disputas se repitieron con la vuelta al trabajo desde el 9 de abril. Díaz anunció que mandaría a la inspección a vigilar que las empresas cumplieran estrictamente con las medidas de seguridad, cuando a la mayoría les resulta imposible adquirir trajes de protección ó mascarillas para sus empleados.
Los podemitas querían que se el confinamiento de la industrias y de otras actividades no esenciales se prolongara durante quince días más. Esta vez fue la ministra de Industria, Reyes Maroto, la que salió a desmentirlo. "No se van a inspeccionar empresas", aseguró a elEconomista.
Sánchez decretó la vuelta a la actividad de una parte de las empresas. Pero el final la partida está aún por decidir. Si el número de muertos y de afectados se dispara a finales de mes, quinces días después de la vuelta al trabajo, prometió que volverá a decretar el encierro de toda la población.
El titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue tajante. La víspera del consejo de ministros del martes pasado, aseveró: "No se va aprobar una renta mínima puente" como quiere Iglesias.
Al día siguiente, el líder de Podemos fue a ver al presidente para pedirle explicaciones y éste le prometió que adelantaría la entrada en vigor de la normativa, dejando así a los pies de los caballos a su ministro de Seguridad Social. Iglesias dejó claro que quien manda en el Gobierno es él.
No era la última pelea en la que lograba llevarse al presidente al huerto. Sánchez lanzó sus famosos pactos de la Moncloa. La idea no gustó nada a Iglesias, que culpa a la Transición española de evitar la llegada de "la democracia auténtica", es decir una dictadura marxista-leninista.
El líder podemita prefería denominarlo como Acuerdo por la Reconstrucción Nacional. Dicho y hecho. Sánchez empezó a hablar del pacto por la reconstrucción.
Enseguida se percató de que cualquier acuerdo político podría ningunear su influencia dentro del Gobierno, lo que obligó a ésta a aseverar que el compromiso no alteraría la composición del Ejecutivo actual.
Sin embargo, no está claro que la alianza de ambos vaya a ser duradera. Sánchez tiene dificultades para mantener el apoyo del PNV y de ERC. Con el lehendakari Urkullu tuvo una soberana bronca por la decisión unilateral de paralizar la actividad industrial y después por confiscar los fondos para la formación autonómicos con el fin de sufragar parados de larga duración.
La postura que adopte en el futuro ERC es hoy una incógnita después de que se abstuviera en el Parlamento en la votación de los decretos del estado de alarma.
"Torra se inventará cualquier cosa para que el Gobierno central cargue con el peso de los muertos por el coronavirus", afirman medios catalanes, "y a ERC le resultará complicado no desmarcarse del Gobierno".
El pacto de la Moncloa o el ahora llamado Acuerdo por la Reconstrucción Nacional es papel mojado. VOX se ha distanciado y el PP está buscando una excusa para hacerlo sin cargar con el estigma de que no quiere contribuir a la recuperación de la economía.
El resto de las fuerzas políticas no importan, por su escasa relevancia. Sólo los sindicatos se tomaron la propuesta con ilusión, porque la patronal de Garamendi dijo que sí al diálogo con más miedo que vergüenza.
En este contexto, es difícil que el Gobierno tenga apoyos suficientes para elaborar un plan de reconstrucción y menos para sacar adelante los Presupuestos, prorrogados por tercer año consecutivo.
Con un país en la ruina y sin apoyo para seguir adelante, Sánchez está abocado a revalidar tarde o temprano su mandato en las urnas. Para ese momento, el desgaste económico y moral será insufrible.
Iglesias aprovechó la magnífica plataforma propagandística que le brinda Sánchez para imponer la ley de los alquileres sobre Ábalos, para erigirse en el salvador de los trabajadores por encima del apoyo a la economía de Calviño ó para defender una renta mínima universal frente a Escrivá con el fin de captar millones de votos en las elecciones.
La reacción de una sociedad libre ante una emergencia es la de crear consensos democráticos en busca de los culpables y sus posibles soluciones. Ahí están las tentaciones totalitarias en Alemania ó Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
El coronavirus alimenta un clima de opinión en el que Iglesias intenta simplificar el debate en la superioridad de lo público frente a lo privado, del Estado frente el mercado ó lo colectivo sobre lo individual.
El conflicto ya se vivió en la pasada crisis financiera en la que el Gobierno tuvo que salir al rescate de las entidades financieras, sustituido ahora por las personas.
Naturalmente el Estado tiene mayores recursos para afrontar cualquier calamidad colectiva, una guerra ó una pandemia, que los individuos ó las empresas. Pero sería un error acabar con las libertades y los derechos individuales, como la propiedad privada, gracias a la complicidad de Sánchez con el líder de Podemos.
Entidades
