Causa alarma y estupefacción que a estas alturas de la mayor crisis vivida en este país en los últimos ochenta años, la reacción de un Gobierno desbordado y aturdido sea la propia de un ejecutivo menor, sin diagnóstico, sin perspectiva y sin objetivos. Es más, cuando el pasado jueves tuvimos ocasión de conocer el Real Decreto Ley con el que se anunciaban las primeras medidas de contenido económico, no había nadie en su sano juicio en este país con conocimiento económico, presupuestario y financiero que no saliera de su estupor. El Gobierno acababa de aprobar una norma elaborada por consolidación de aportaciones de los diferentes Ministerios con un alcance tan pírrico e insubstancial que hacía pensar lo peor en cuanto a la capacidad de respuesta de los Ministerios ante una calamidad de este alcance. Replicar en su mayor parte el texto del Real Decreto ley de la borrasca "Gloria" a una situación de alarma social y económica sin precedentes como la actual, es de una irresponsabilidad indefinible.
Como coartada de escaso valor intelectual, anunciaron que las medidas escalarían conforme se intensifiquase la gravedad del momento. Si no fuera por la trascendencia histórica, el comentario invitaría al sonrojo y hasta a la conmiseración. Ni siquiera cabe justificar tanta indolencia en la división interna de los socios de Gobierno quienes, como no podía ser de otro modo, adolecieron de la más mínima talla política y económica para entender el desafío. Viven encerrados en el Gobierno como quien se entretiene con un juguete roto, pero lo realmente preocupante es la respuesta sectorial de cada Ministerio. Dos días antes de decretar el estado de alarma con la consiguiente restricción a la movilidad personal, el Ministerio de Ábalos respondió con una tragicómica aportación consistente en flexibilizar los slots aeroportuarios y en garantizar el cambio de los billetes de Renfe. Por desgracia, el BOE será el principal testimonio que quedará en el futuro para levantar acta de tamaña inepcia.
Es paradójico que no se aprueben unas cuentas de emergencia nacional
Como si fuera una novela por entregas, pronto se aprobará un nuevo Real Decreto ley, extemporáneo, pero, ante todo, insuficiente, que todavía añadirá más confusión a una sociedad contagiada por el miedo del virus pero también con el temor razonable de un Gobierno sin rumbo fijo.
Lo más paradójico de todo es que, hasta el momento, no hayan propuesto aprobar un presupuesto de emergencia nacional, porque en su parquedad y en su insignificancia, pretenden solucionar el problema con un presupuesto prorrogado aprobado en 2018. Es tan grotesco que induce al asombro. Y no basta con que, en un arranque de tacticismo intolerable, Sánchez pidiera que se agilizase la tramitación del presupuesto ordinario sobre el que llevan trabajando los Ministerios a partir de una senda de estabilidad presupuestarios y de un límite de gasto no financiero que se ultrapasó hace algunas semanas, mucho antes incluso que se celebrase irresponsablemente el 8-M.
Por ello, la primera decisión debería ser modificar de manera urgente la legislación de estabilidad presupuestaria con el fin de adaptar las restricciones del techo de gasto y de la senda de estabilidad presupuestaria a un contexto extraordinario, en cada una de las Administraciones Públicas, de modo que, de manera excepcional, no sea necesario aprobar previamente una restricción financiera en el sector Estado. Adicionalmente, esa modificación debería eliminar el impedimento que restringe a Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales a disponer de sus superávits para paliar los efectos del Covid-19 mediante medidas urgentes de apoyo social y económico a las empresas locales.
Una vez destopado el procedimiento bifásico (aprobación de senda de estabilidad y aprobación de presupuesto), el paso siguiente debería llevar a la aprobación inmediata de un presupuesto extraordinario nacional, con el que hacer frente a las necesidades sanitarias, sociales y económicas derivadas de la crisis del coronavirus, con técnicas de presupuestacióm de base 0 que permitan definir los objetivos políticos y los recursos presupuestarios en una situación de alarma socieconómica. En ese análisis, cada Ministerio debería revisar y eliminar aquellos gastos de naturaleza discrecional para destinarlos a la aprobación de un Plan urgente de contingencia sanitaria para reforzar los recursos de las Comunidades Autónomas, así como un Fondo de Garantía para pymes y autónomos con línea de liquidez específica e inmediata. A este fin, se debería ordenar la suspensión inmediata de todas las convocatorias de subvenciones y ayudas que no vayan destinadas a atender necesidades asistenciales o de apoyo social ni que cuenten con cofinanciación comunitaria, de modo que todos esos recursos vayan destinados a atender las necesidades provocadas por los efectos del Covid-19.
Si ante una situación de emergencia nacional no hay un presupuesto de emergencia nacional, este Gobierno no ve el elefante en la salón ni se espera que lo vea. Pero una vez aprobado el nuevo presupuesto, las Administraciones Públicas tienen que llevar a cabo un esfuerzo colosal de ejecución presupuestaria y de gestión administrativa de expedientes que, ante una situación de parálisis y de precolapso como la que se vive, se antoja una misión sumamente compleja. Y no por el afán y la determinación de los empleados públicos, sino porque en tiempos de emergencia debería haber un plan riguroso y eficiente de gestión de recursos del que todavía no se tiene conocimiento para la tramitación de procedimientos administrativos ordinarios.
Sánchez, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, corre en su madriguera, mientras Iglesias, como el Gato de Cheshire, aparece y desaparece con o sin mascarilla. Seamos justos: es el Gobierno que tenemos y habrá que responder en estas circunstancias. Tiempo habrá de hacer análisis. Mucho tiempo.
Entidades
Mario Garcés
Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Diputado del PP por Huesca. Coordinador de asuntos económicos del Grupo Parlamentario PopularRelacionados
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