
La semana pasada, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-7 se comprometieron a utilizar "todos los instrumentos apropiados" para contener la amenaza económica que supone el coronavirus COVID-19. La pregunta que quedó sin respuesta es qué es lo apropiado, y qué funcionará.
La respuesta inmediata tomó la forma de recortes en los tipos de interés del banco central, con la Reserva Federal en vanguardia. Aunque los bancos centrales pueden moverse rápidamente, sin embargo, no está claro cuánto pueden hacer, dado que los tipos de interés ya están en niveles mínimos. En cualquier caso, el hecho de que la Fed no haya coordinado su reducción de tipos con otros grandes bancos centrales envió una señal negativa sobre la coherencia de la respuesta.
Además, la política monetaria no puede reparar las cadenas de suministro rotas. Mi colega Brad DeLong ha tratado de convencerme de que una inyección de liquidez del banco central puede ayudar a que el tráfico mundial de contenedores marítimos se mueva de nuevo, como lo hizo en 2008. Pero el problema en 2008 fueron las interrupciones en el flujo financiero, que las inyecciones de liquidez de los bancos centrales podrían reparar.
La unilateralidad de la Fed al bajar tipos evidencia falta de coherencia en la respuesta a la crisis
El problema hoy, sin embargo, es una repentina parada en la producción, que la política monetaria puede hacer poco para compensar. El presidente de la Fed, Jerome Powell, no puede reabrir fábricas cerradas por cuarentena, a pesar de lo que piense el presidente Donald Trump. De la misma manera, la política monetaria no hará que los compradores vuelvan a los centros comerciales o los viajeros vuelvan a los aviones, en la medida en que sus preocupaciones se centran en la seguridad, no en el coste. Los recortes de los tipos no pueden hacer daño, dado que la inflación, ya moderada, se dirige a la baja; pero no se debe esperar mucho estímulo económico real de ellos.
Lo mismo es cierto, lamentablemente, de la política fiscal. Los créditos fiscales no conseguirán que se reanude la producción cuando las empresas están preocupadas por la salud de sus trabajadores y el riesgo de propagación de enfermedades. Los recortes en los impuestos sobre la nómina no impulsarán el gasto discrecional cuando los consumidores estén preocupados por la seguridad en su franquicia de comida rápida favorita.
Por lo tanto, la prioridad debe ser la detección, la contención y el tratamiento. Estas tareas requieren recursos fiscales, pero su éxito dependerá sobre todo de la competencia administrativa. Restablecer la confianza del público requiere transparencia y precisión en la notificación de infecciones y muertes. Requiere dar a las autoridades de salud pública el tipo de autonomía de que gozan los bancos centrales independientes. (Desafortunadamente, esto no es algo característico de líderes como Trump).
La Sanidad debe disponer de todos los recursos y de margen de maniobra
Aún así, la política fiscal expansiva, al igual que la política monetaria expansiva, no puede hacer daño. Aquí, Italia ha mostrado el camino, posponiendo los pagos de impuestos e hipotecas, extendiendo los créditos fiscales a las pequeñas empresas, y aumentando otros gastos. EEUU hasta ahora ha mostrado menos disposición a actuar, fallando incluso en animar a la gente a hacerse las pruebas para el virus, ayudándoles a pagar sus facturas médicas.
Un obstáculo para el estímulo fiscal es que sus efectos se filtren al extranjero, porque parte del gasto adicional de los Gobiernos puede destinarse a las importaciones. Como resultado, cada autoridad fiscal duda en actuar, y los Ejecutivos proporcionan menos estímulo del que se necesita. Esto justifica la coordinación de las iniciativas fiscales, como hicieron los países del G-20 en 2009. Pero, según los criterios de ese año, el reciente comunicado del G-7 en el que se prometía "todas las medidas apropiadas" era un mensaje vacío que poco contribuía a reforzar la confianza en que los Gobiernos adoptarían las medidas concertadas que se pedían al empeorar las condiciones mundiales.
También hay detractores a ultranza de todo estímulo monetario y fiscal de este tipo. Advierten, por ejemplo, que los sistemas financieros se verán perjudicados si los bancos centrales llevan los tipos de interés más profundamente a territorio negativo. Pero, si bien es cierto que ese riesgo se plantea muy seriamente a partir de un cierto nivel, todas las pruebas indican que los tipos actuales están todavía muy lejos de este punto.
Además, se nos advierte que el estímulo fiscal de los gobiernos con grandes deudas socavará la confianza, en lugar de reforzarla. Se dice que Japón ya está peligrosamente sobreendeudado. Este argumento exagerado ignora el hecho de que el gobierno japonés tiene amplios activos del sector público para compensar sus deudas. Asimismo, se nos recuerda que EEUU afronta altos vencimientos inminentes, un argumento que ignora el hecho de que la tasa de interés de la deuda pública está perennemente por debajo de la tasa de crecimiento de la economía. Y aunque las empresas estatales de China pueden tener deudas enormes, el sistema financiero estrictamente controlado por su Gobierno limita el riesgo del tipo de crisis financiera que los críticos han estado pronosticando erróneamente durante años.
Los bancos centrales y los líderes políticos, ante una crisis mundial, deberían ignorar estos argumentos falaces y utilizar las políticas monetarias y fiscales para asegurar la liquidez del mercado, apoyar a las pequeñas empresas y fomentar el gasto. Pero deben reconocer que estas respuestas de los manuales sólo tendrán efectos limitados cuando el problema no sea la escasez de liquidez, sino más bien las perturbaciones de la cadena de suministro y el contagio del miedo. Hoy en día, la estabilización económica depende sobre todo de la actuación de las autoridades de salud pública, que deben recibir los recursos y el margen de maniobra para hacer su trabajo, incluida la libertad de cooperar con sus homólogos extranjeros.
En la lucha contra la pandemia de COVID-19, los economistas, los encargados de la formulación de políticas económicas y los organismos como el G-7 deberían reconocer humildemente que "todos los instrumentos apropiados" implican, sobre todo, los que utilizan los médicos y los epidemiólogos. La coordinación, la autonomía y la transparencia deben ser las consignas.
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