La primera, en la frente. Bruselas tardó solo un par de días en contestar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Si quiere renegociar el objetivo de déficit, primero tendrá que presentar el techo de gasto y el borrador de Presupuestos. Antes de relajar sus exigencias, Bruselas quiere conocer la previsión de gastos e ingresos.
El problema es que las cuentas no cuadran. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, advierte que el déficit público podría irse al 3,5 por ciento. Garamendi lo explica de manera sencilla. El alza del gasto prometido es de 25.000 millones, mientras que el incremento de ingresos por la vía de los impuestos apenas alcanza los 6.500 millones. Los 18.500 millones de diferencia nadie sabe como se recaudarán. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Bruselas exige un ajuste de 8.000 millones en las cuentas de 2020 para dejar el déficit en el 1,1 por ciento.
¿De dónde sacará el Gobierno ese chorro de miles de millones? Lo único cierto es que no caerá del cielo. Y menos en un momento de desaceleración, en que el crecimiento se reduciría el año próximo al 1,6 por ciento.
Tradicionalmente, la economía no crea empleo con tasas inferiores al 2. El último año se saldó con poco más de 38.000 empleos más y un PIB en torno al 1,9 por ciento. Este año, podría ser el primera que vuelva a incrementarse el paro desde 2012..
Y Subirá más. Sobre todo después de que la primera medida anunciada, nada más tomar posesión de su cargo por la ministra de Empleo, Yolanda Díez, sea derogar la reforma laboral.
Posteriormente, tuvo que matizar que lo ejecutará en dos fases. Primero suprimirá los despidos a causa de bajas laborales reiteradas. Una medida, corroborada por los jueces, que se había demostrado como un eficaz antídoto frente al absentismo.
El Gobierno retrasa las cuentas públicas ante Bruselas hasta contar con el visto bueno de Junqueras
La segunda parte de la contrarreforma laboral, según Díaz, consistirá en volver a los convenios de empresa y, probablemente, eliminar la ultraactividad. Esta última iniciativa, que permite prorrogar los convenios hasta que se logre un acuerdo salarial, fue una de las causantes de los millones de despidos de la última gran crisis, ya que propició subidas salariales mientras la actividad y la cuenta de resultados de las empresas se derrumbaban.
La vicepresidenta Nadia Calviño se vio obligada a corregir a Díaz. Calviño aseguró que se suprimirían sólo los efectos más dañinos, sin especificar cuáles. No sé qué querrá decir con eso, porque la reforma laboral creo más de dos millones de empleos. ¿Donde está el perjuicio?
En términos parecidos se pronunciaron este viernes tanto la titular de Hacienda, como el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Por los menos parece que existe una firme voluntad del Gobierno de frenar las propuestas podemitas a lo loco, sin someterlas siquiera al diálogo social.
Pero, entre tanto dimes y diretes, ¿como creen que está la confianza de los empresarios?, que al fin y al cabo son los creadores de riqueza y empleo. Por los suelos.
Sánchez se ha esforzado en colocar sólidos contrapesos económicos frente a los ministros de Podemos. Es el caso de Calviño frente a Díaz ó de Escrivá, frente al vicepresidente, Pablo Iglesias. Este último es el encargado de Asuntos Sociales, pero los presupuestos sobre inclusión están en manos de Escrivá.
Con tanta filigrana en el organigrama oficial, el Gobierno corre el riesgo de perder su fuerza por la boca, por las constantes contradicciones en que incurrirá, como ya hemos visto en los primeros compases de su corta vida.
Tampoco está claro el papel que jugará el todopoderoso Iván Redondo al frente de la comunicación, la seguridad nacional y de la Oficina Económica de Moncloa. Un organismo que nació para reforzar la independencia de las decisiones económicas, pero que fue utilizado por algunos presidentes para enmendar la plana a otros responsables del Gobierno. Este viernes tomó la iniciativa de enviar una carta a los funcionarios firmada de su puño y letra prometiéndoles una subida de los sueldos, que debería ser la función de la titular de Empleo.
Con las cuentas aún por cuadrar y sin que se sepa quien manda en cada cosa, no auguro grandes tardes de gloria. Pero concedámosle el beneficio de la duda, los primeros cien días.
Si la incertidumbre de los calendarios rodea los asuntos económicos es porque todo está en manos de Oriol Junqueras. Sánchez comienza a cumplir a rajatabla la exigencia del vicepresidente de la Generalitat y coordinador general de ERC, Pere Aragonés, cuando anunció en Catalunya Radio que habría que acabar con las causas judiciales contra los presos independentistas para tener la fiesta en paz.
El nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, a costa de poner en cuestión la división de poderes en una de democracia parlamentaria y de paralizar y dividir al poder judicial, va encaminado a satisfacer los deseos de Junqueras y Aragonés.
Somos rehenes de Junqueras. Sin el concurso de ERC, no habrá techo de gasto, ni visto bueno de Bruselas para relajar la senda del déficit o planes de estabilidad, ni, en fin, legislatura. Sin Presupuestos no habrá paraíso.
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