Fuentes de Hacienda hicieron pública esta semana la intención del Gobierno de negociar con la Comisión Europea una nueva senda de reducción del déficit. Con esa intención, el Ejecutivo está dispuesto a retrasar más todo el proceso de elaboración de los Presupuestos de 2020 hasta conocer el nuevo margen que Bruselas le concedería. Apenas unos días han bastado para que el Ejecutivo comunitario elabore su respuesta: no habrá ningún cambio hasta que España tenga elaborado, al menos en forma de borrador, sus Cuentas para este año.
La posición de Bruselas sólo puede calificarse de razonable considerando la actitud que nuestro país ha mostrado respecto a los compromisos fiscales que la UE le demanda en 2020. El objetivo de déficit público que, hasta ahora, continúa legalmente vigente es el 0,5% del PIB, establecido por el último Gobierno de Mariano Rajoy. Posteriormente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentó flexibilizarlo hasta el 1,1%, una cifra que Moncloa acabó juzgando también excesiva y reclamó subirla hasta el 1,7%. Pero ese porcentaje tampoco se antoja suficiente, dado que todo apunta a que el desequilibrio público ya terminó 2019 en el entorno del 2%. En otras palabras, el Gobierno reclamaba tolerancia a Bruselas mientras sólo ofrecía a cambio unas previsiones de aumento de la recaudación fiscal que la UE nunca consideró realistas, y mientras se resistía a tomar medidas de contención del gasto.
El Gobierno no puede aspirar a renegociar el déficit sin explicar con claridad a la UE sus plan de gasto y sus ingresos
De hecho, este desembolso sigue al alza con la recién aprobada revalorización de las pensiones respecto al IPC. Resulta lógico que la paciencia de Bruselas se agote ante esta actitud. Sin una referencia sólida de los ingresos que el Gobierno espera y del gasto en el que piensa incurrir no se debe renegociar el déficit.
