El año que concluye sería un buen momento para brindar por todo lo alto si no fuera por la incertidumbre política para el que comienza.
Wall Street va a cerrar con una de las mayores subidas de su historia, cercana al 30%, gracias a los valores tecnológicos y a la cercanía del acuerdo comercial con China, mientras que el Ibex lo hará alrededor del 13%, la mitad que la bolsa europea, pese a que España se mantiene entre los países que encabezan el crecimiento de la Unión Europea.
La pena es que la economía podría rubricar en 2020 un magnífico recorrido, si se acometieran reformas necesarias, como la reducción del gasto público en alrededor de 6.000 millones, como solicita Bruselas.
El Gobierno se está esforzando en enviar mensajes a la prensa y a los agentes sociales de que llevará a cabo una política sensata, que no pondrá en peligro los objetivos de déficit pactados con Bruselas. Y seguramente será así con Nadia Calviño como vicepresidenta económica.
Pero el cumplimiento de estas metas no se logrará gracias a la contención del gasto, sino al incremento de los impuestos o la desaparición de bonificaciones en otros, como los de patrimonio, sucesiones o donaciones.
No hay más que echar un vistazo a los programas electorales del PSOE y de Podemos, para comprender que con una economía en ligera desaceleración en la que los ingresos tributarios han dejado de crecer al ritmo que lo hacían hasta ahora, la única manera de financiar el exigente aumento del capítulo de gastos sociales será con mayores cargas fiscales para el contribuyente.
Lo peor, sin embargo, está por llegar en forma de la contrarreforma laboral, que quiere llevar a cabo Podemos con apoyo de Sánchez si accede al Ministerio de Empleo.
Junto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a entre 1.000 y 1.200 euros está una completa remodelación del Estatuto de los Trabajadores a lo largo de la legislatura y la reintroducción de medidas como la prevalencia de los convenios colectivos sobre los de empresa, o la denominada ultraactividad, que permite la prórroga automática de las alzas salariales recogidas en los convenios en caso de haber finalizado el plazo máximo de negociación de uno nuevo sin alcanzarse un acuerdo.
Los errores corregidos gracias a la reforma laboral de Fátima Báñez volverán a cometerse. La izquierda justifica estas medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2008 entre las clases bajas y medias, así como para contrarrestar el crecimiento de las desigualdades sociales.
El diálogo que pide ERC entre gobiernos con Sánchez abrirá la puerta a una consulta pactada
Si echamos un vistazo a lo que va de 2019, comprobaremos cómo en el primer año bajo el Gobierno de Pedro Sánchez ya se inició esta senda de "corrección de las desigualdades", como la llaman ellos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los costes laborales subieron hasta el tercer trimestre una media del 2,1% (más del doble de la inflación) y los convenios colectivos lo hicieron el 2,3%. A este incremento contribuyeron, además de los salarios, el aumento de las cotizaciones sociales (que el Gobierno justifica para financiar el déficit de la Seguridad Social) en alrededor del 7% y del SMI, en más del 22%.
¿Qué ocurrirá si continúan subiendo a este ritmo los costes laborales? Que dejaremos de ser competitivos. Los datos de la OCDE muestran que la productividad española está estancada desde hace más de una década, con tendencia negativa. Es decir, que si no somos más productivos, pero sí más caros, la manera de reducir los costes tendrá que ser mediante el recorte del empleo.
Como se sabe, la tasa de paro sigue anormalmente elevada en nuestro país, alrededor del 14%. Un aumento del desempleo volverá a disparar las desigualdades sociales en vez de contenerlas, como pretende la onerosa política fiscal del nuevo Gobierno.
Lo peor es la contrarreforma laboral y el alza de impuestos, que incrementarán las desigualdades
Un adelanto de lo que nos espera lo vivirán los catalanes a partir del 1 de enero. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha decretado una subida del IRPF autonómico en más de dos puntos (hasta el 23,5% del tramo autonómico) para las bases imponibles superiores a 90.000 euros y en un punto adicional (hasta el 24,5%) para los que ganen más de 120.000 euros anuales.
La patronal catalana, Foment del Treball, presidida por Josep Sánchez Llibre, se apresuró a calificar la propuesta fiscal de "abusiva y confiscatoria". Y así es. En contrapartida, se recorta el tramo autonómico del IRPF a los que ganan menos de 12.450 euros anuales, que en la práctica casi ni pagan. Una medida que afectará a sólo 200.000 contribuyentes y que deja en el limbo a la mayoría de la clase media, a la que pretende proteger.
¿Así va a lograr la Generalitat reducir las desigualdades? Creo que lo único que conseguirá es acelerar el desplazamiento de empresas y de directivos a territorios con mejor fiscalidad y, por ende, incrementará el desempleo y las desigualdades.
Sánchez, Iglesias y Junqueras son los tres 'reyes magos' que regirán nuestros distinos en 2020
Eso por no hablar del nuevo decreto que pretende solucionar los múltiples problemas de vivienda, con ayudas públicas a los propietarios que suban el alquiler por debajo del índice de referencia oficial. O de la obligatoriedad para los grandes propietarios, como bancos u otras instituciones, de ofrecer un alquiler social durante siete años a los ocupas que sean "vulnerables".
El gobierno social-populista de Quim Torra se perdió, en esta ocasión, la lección de economía y, además, oculta la realidad a sus votantes. Para más Inri, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el independentista Joan Canadell, reaccionó con varios tuits en los que culpa al Estado central de la subida de impuestos en Cataluña. ¿Por qué tenemos que pagar los demás los despilfarros de la Generalitat?
Sánchez telefoneó esta semana a los máximos responsables de CEOE, Antonio Garamendi; de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, para calmar los ánimos y prometerles que cualquier decisión sobre el SMI u otros temas económicos se consultará con ellos y se decidirá de manera dialogada. Como se sabe, en la última subida se saltó la senda de incremento acordada entre los agentes sociales.
Pero, ¿quién se va a fiar ya de Sánchez? Es el presidente que aseguró en campaña que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el Gobierno y luego corrió a rubricar un pacto con él después del pobre resultado de las últimas elecciones. El mismo que no cogía el teléfono a Torra y luego acabó llamándolo para pactar una reunión después de la investidura por presión de ERC. Quien para lograr la abstención de los independentistas se rebajó a introducir en su discurso expresiones como "crisis política" y sustituir la referencia a la Constitución por la menos comprometida de "seguridad jurídica" o hablar abiertamente de "conflicto político" en los comunicados oficiales.
Un presidente que, en última instancia, presiona a la Abogacía General del Estado para que emita un escrito favorable a la excarcelación de Oriol Junqueras y que luego está dispuesto a abrir una mesa de negociación "entre Gobiernos iguales" con ERC y JxCat.
Una mesa en la que se pondrá sobre el tapete cómo abordar la celebración de una consulta soberanista, como reconocía implícitamente esta semana el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en su entrevista en elEconomista. Nosotros tampoco podemos dormir tranquilos, señor Sánchez.
En estas circunstancias, no es de extrañar que la desconfianza empresarial se haya ido a mínimos, como refleja el sondeo empresarial recogido en elEconomista. Estas son algunas de las sorpresas que nos aguardan en 2020 ¡Feliz año!
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