
La formación del próximo Gobierno aún está en el aire, pese al preacuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos, lo que no impide que exista ya certeza de que, en ese Ejecutivo, la presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos seguirá siendo Nadia Calviño.
Sin duda, se trata de un organismo estrechamente vinculado a las competencias de la futura vicepresidenta económica, pero es también innegable que la Comisión tiene una importancia política de primer orden.
Hasta el punto de que su responsable tiene la última palabra sobre la agenda de temas que finalmente llegará a la mesa del Consejo de Ministros. Esa atribución siempre es clave y lo será en mayor medida en la legislatura actual, ya que permitirá poner un freno a las medidas más extremistas que Podemos esté tentado de impulsar.
No se trata de una atribución menor, considerando la imprudencia con la que el líder del partido morado, Pablo Iglesias, alardea aún de querer castigar fiscalmente a las empresas e intervenir el mercado del alquiler.
Por todo ello, resulta lógico que la también vicepresidenta Carmen Calvo entrara en la pugna por liderar la Comisión. Con todo, la decisión de Calvo de ceder ese puesto a Calviño constituye la mejor opción. No solo influye el hecho de que una vicepresidenta económica que no dispusiera de un cargo así vería muy mermado su margen de acción.
Todavía más importante es la circunstancia de que la presencia de Calviño dará primacía, por encima de consideraciones políticas, a la capacidad que esa Comisión tiene de velar por el cumplimiento de las reglas de equilibrio presupuestario y fiscal. Una garantía de ortodoxia fiscal tan fiable será bienvenida por Bruselas y por los mercados.
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