Se asume con naturalidad que en campaña electoral se pueden decir cosas que luego no se cumplirán y, como llevamos ya unas cuantas elecciones en poco tiempo, alguien puede creer aquello de que una mentira dicha cien veces se termina convirtiendo en una verdad. Y es que prometer algo imposible, o decir medias verdades respecto a los impuestos, es un peligroso, porque son estos los pilares de funcionamiento de cualquier estado de bienestar, y es una enorme irresponsabilidad trasladar a los ciudadanos que se puede jugar con ellos. Si a eso le unimos la falta de medidas eficaces para luchar contra la corrupción, con el agujero que supone dichas conductas en los ingresos del Estado, se está minando a marchas forzadas la conciencia fiscal de los ciudadanos.
Para ver la importancia de los impuestos en nuestra sociedad y valorar las propuestas que se hacen sobre los mismos, resulta necesario hacer una breve referencia a algunos datos. Así, la riqueza de un país se mide por su PIB y en España este fue de 1.202.193 millones de euros en 2018, equivalente a un PIB per cápita de 25.730 euros. España ocupa, por tanto, la posición decimotercera en el ranking de la economía mundial.
Debe existir un Pacto de Estado para diseñar un sistema tributario adecuado
La recaudación líquida de impuestos, según figura en la memoria de la AEAT de 2018, fue de 208.685 millones de euros, de ellos 82.959 millones se obtienen por IRPF, 70.177 millones por IVA, y 24.838 millones por Impuesto sobre Sociedades. A estos ingresos tributarios hay que sumarles también el importe de las cotizaciones sociales. Uno de los mayores problemas que tiene España es el importe del déficit público, motivo por el que Bruselas exige continuamente que se hagan recortes para reducirlo. En el período 2009 a 2014, el importe de los recortes ascendió a 80.000 millones, que representa un 8 por ciento del PIB. En los últimos días se habla ya de la necesidad de un recorte de unos 9.000 millones de euros para cuadrar las cifras de los próximos presupuestos.
Una de las consecuencias de este desfase permanente entre ingresos y gastos es el incremento de la Deuda Pública en la última década, que ha pasado del 39,70 por ciento del PIB en 2008 al 98,9 por ciento en 2019, lo que supone un incremento de más de 800.000 millones. Trasladado ello al ámbito familiar sería como si una familia gastara todos los años más de lo que ingresa y la diferencia la cubre con préstamos. Llegará un momento en el que una parte importante de sus ingresos los tendrá que destinar a pagar los intereses de esos préstamos.
En España existe un claro desfase entre ingresos y gastos de la Seguridad Social y su consecuencia ha sido que la llamada hucha de las pensiones se ha quedado en un importe residual de los 70.000 millones que tenía en el año 2011. Ningún Gobierno ha querido pasar a la historia como el que la dejó a cero, así que el dinero que falta se va poniendo también con préstamos. La gravedad de todos los datos anteriores nos sirve para valorar algunas propuestas que se han hecho en las últimas campañas sobre impuestos.
Unos venden como solución la llamada tasa Google, y hay que recordar que esta medida viene a ser el reconocimiento de la imposibilidad de España y de los Organismos internacionales de hacer pagar a las grandes multinacionales tecnológicas lo que les correspondería por los beneficios obtenidos. Tampoco se debe olvidar que la mayoría de estas empresas pagan un irrisorio 1 por ciento de impuestos a nivel mundial. En España se ha anunciado su futura implantación y también se ha pronunciado en este sentido la UE y la OCDE. Pero para no engañarse, la cifra oficial prevista de recaudación en nuestro país es de 1.200 millones, considerada incluso optimista por algunos. Desde luego, con esta medida tampoco se consigue que estas firmas paguen lo que les corresponde, aunque puede servir de consuelo moral el hecho de que les obliguemos a pagar algo.
Otros apuestan por el llamado impuesto a la banca, con el que sucede algo similar, puesto que con la subida del tipo del tributo sobre Sociedades se persigue más el efecto mediático para hacer ver que se hace pagar a los grandes, que lo que supone realmente de recaudación efectiva. Los promotores de la medida cuantifican los ingresos en poco más de 1.000 millones al año. Cuestión diferente es el tema del rescate bancario y es que sobre este nos dijeron que no nos iba a costar un solo euro y el Banco de España ha cifrado el coste en 65.000 millones de euros.
Al observar los importes de los incrementos de impuestos anteriores se ve que son irrelevantes respecto a los problemas existentes, y resulta preocupante la medida que proponen otros de bajar todos los impuestos a la mitad. Y es que lo que nadie dice es que la partida mayor del gasto en el Presupuesto del Estado se destina a las pensiones y a pagar los intereses de la deuda y, por tanto, es muy difícil cumplir dicha promesa.
Se escucha mucho hablar de la falta de políticos de Estado, ya que cada uno mira sólo los efectos de sus propuestas en términos de votos, sin embargo, sería deseable - y puede que entremos ya en el terreno de la ciencia ficción - que en el ámbito de los ingresos existiera un pacto de estado para diseñar un sistema tributario que refleje los principios del artículo 31 de la Constitución, para reformar adecuadamente el sistema de financiación de las autonomías, y para reformar la Administración Tributaria, haciendo caso en todas ellas a las propuestas de los profesionales, como los Inspectores llevamos haciendo respecto de la Administración.
Los políticos deben hacer esfuerzos realistas para evitar que la sociedad los siga considerando el segundo problema del país, solo por detrás del paro
En relación con los gastos, ese pacto debería reflejar un acuerdo, como el Pacto de Toledo respecto de las pensiones, aprobar un pacto contra la corrupción para evitar que alguien pueda meter la mano en la caja para llevarse lo que otros han pagado, y un sinfín de reformas del gasto que muchos prometen en campaña y luego se olvidan, como la reforma del Senado y las Diputaciones, o su eliminación, entre otras muchas. Lo que perciben los ciudadanos es que se hacen estas promesas en campaña, sabiendo que no se van a cumplir porque, una vez dentro, supone eliminar privilegios. Si esa ciencia ficción se convirtiera en realidad, cambiaría radicalmente la opinión de los ciudadanos sobre los políticos. No olvidemos que en las encuestas del CIS se refleja constantemente que, después del paro, los políticos son el segundo problema de España.
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