El toque de queda emergió hace diez días tras la decisión tomada por el presidente francés Macron, y abrió un canal de solución que no había estado en ningún debate público en España. El difícil encaje de esta restricción al derecho fundamental de la libre circulación sin la cobertura de un estado de alarma activado complicará materializar una medida que ya han anunciado Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. | EN DIRECTO: todos los detalles sobre la evolución del coronavirus
La bomba la soltó Francia el pasado 14 de octubre: decretaba el estado de emergencia en el país e imponía un toque de queda en París y en otras siete grandes ciudades. El toque de queda, ese término que relacionamos con los avisos sonoros ante los ataques aéreos en la II Guerra Mundial, marcaría un confinamiento nocturno para los ciudadanos desde las 21 horas a las 6 horas de la mañana. Más allá de cierres y de perimetrajes, y teniendo en cuenta que la mayor proporción de contagios suceden en situaciones de relaciones sociales, de relajamiento en bares y en fiestas, la medida parecía una solución firme para cortar la transmisión del virus. Cinco días después de entrar en vigor esta limitación, Francia la ha ampliado a otros 38 departamentos del país. Ahora afecta a 46 millones de franceses.
La herramienta utilizada por Macron, al amparo de su estado de emergencia, no ha tardado ni una semana en rondar las mesas de las consejerías de salud y los técnicos de Salud Pública hasta llegar a las de los presidentes de las comunidades autónomas. La mayoría de los 17 territorios, junto a Ceuta y Melilla, expresaron este jueves en el Consejo Interterritorial de Salud su disposición a aplicar una restricción horaria de este tipo. Pero el peaje a pagar, la petición al Gobierno del estado de alarma, no ha logrado el consenso.
La desesperación por acotar el avance del coronavirus en España, que deja únicamente a cinco regiones fuera del riesgo extremo -según los nuevos indicadores aprobados en el cónclave sanitario-, ha llevado a algunos presidentes autonómicos a tomar la iniciativa y no esperar un consenso con respecto al decreto de estado de alarma para imponer este freno a la movilidad de los ciudadanos a partir de la noche. Andalucía, Castilla y León y Valencia han dado un paso adelante anunciando respectivos toques de queda. ¿Cómo pueden hacerlo si no han pedido previamente el estado de alarma en sus territorios? Al igual que otras medidas que restringen los derechos fundamentales, como es el de libre circulación, todo dependerá de la interpretación que hagan los tribunales de justicia.
La Junta de Andalucía, que busca implementar la restricción nocturna únicamente en Granada, donde se han disparado los contagios de covid-19, adelantó antes de la reunión que realizarían una consulta legislativa sobre este asunto a su Tribunal Superior de Justicia, para conocer si existen posibilidades de encaje. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el vicepresidente castellanoleonés, Francisco Igea, fueron más allá anunciando que pondrán en marcha respectivas limitaciones, desde medianoche el primero, y a partir de las 21 o 22 horas, el segundo. Para ello, confían en lograr el respaldo de los tribunales. No hay garantías para que esto se produzca, tal y como se ha visto a lo largo de los últimos meses con la ratificación de las decisiones tomadas por todas las comunidades autónomas.
Ante la falta de consenso por las consecuencias políticas de una vuelta al estado de alarma en el país, estas regiones, que han visto crecer sus contagios y muertes, buscan ganar tiempo para fulminar las cadenas de transmisión del virus mientras las 'cosas de palacio' siguen su lento discurrir. El caso de Castilla y León, sin embargo, presenta la singularidad de que no hay nada descartado, ni siquiera una petición del estado de alarma al Gobierno, según ha deslizado esta mañana su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
Castilla y León estudia todas sus opciones
El caso más desesperado parece el de Castilla y León, que con una incidencia acumulada de 532 contagios por 100.000 habitantes y los servicios sanitarios "al borde del colapso", como confirmó el vicepresidente Igea, remitió una carta a Pedro Sánchez en la que clamaba por activar un toque de queda ante un escenario "preocupante". "La Junta ha asumido todas y cada una de sus responsabilidades", aseveró Francisco Igea, antes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, tras lo que lamentó que, dentro de sus competencias, desde la Comunidad "no se puede ir más allá".
Esta mañana, el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el toque de queda se aplicará desde este fin de semana con el instrumento jurídico más adecuado. Los servicios legales de la Junta se encuentran en estos momentos estudiando todas las opciones antes de tomar una decisión que no descarta la solicitud al Gobierno de un decreto de estado de alarma para su territorio.
Mañueco ha especificado que la entrada en vigor del toque de queda, cuyos detalles horarios serán determinados por los técnicos de la Consejería de Sanidad, provocará el decaimiento de los confinamientos perimetrales en todos los municipios que sufren esta medida. Ciudades como León o Palencia, que llevan más de 15 días cerradas perimetralmente, han visto cómo sus datos de contagios no solo no mejoran, sino que se agravan, lo que ha cuestionado esta medida. Salamanca, Burgos y Aranda del Duero son otras ciudades castellanoleonesas con restricciones de movilidad desde este fin de semana. "Entendemos que los confinamientos perimetrales han cumplido su función, se aplicaron para proteger la salud de las personas de esas ciudades. Pero la virulencia de la segunda ola requiere ir un paso más allá. Por eso hemos pedido el toque de queda y por eso lo aplicaremos desde este fin de semana", ha explicado el presidente autonómico, tras una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
"El toque de queda implica que nadie, salvo circunstancias especialísimas, como trabajo en actividades esenciales, nadie pueda estar por la calle a partir de una hora", ha recordado sobre esta medida, que considera más restrictiva que los cierres territoriales.
Estado de alarma: el camino más corto para el toque de queda
Salvador Illa, ministro de Sanidad, llevaba días avisando de la necesidad del estado de alarma para imponer restricciones a la movilidad nocturna, a raíz de que la medida empezara a cobrar sentido para técnicos y políticos desde su aplicación en Francia. También insistió anoche la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien defendió que, para limitar derechos fundamentales, se "requiere el soporte del estado de alarma". Acerca del toque de queda en Granada decidido por la Junta de Andalucía, la vicepresidenta concedió que "está permitido" porque la "limitación" se permite "sólo con control judicial", por lo que está dentro de la ley si lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Calvo explicó que si "todas las comunidades se pusieran de acuerdo" para un toque de queda "requerirían el paraguas del estado de alarma por parte de un real decreto ley del Gobierno". Eso sí, ha asegurado que "la fórmula de Andalucía está dentro de la ley" aunque ha reconocido que otros tribunales "se pronuncian de manera diferentes". En este sentido, recordó el auto del TSJM, que no validó el confinamiento perimetral de Madrid y otros 9 municipios porque la Comunidad de Madrid no utilizó los "títulos competenciales" adecuados.
Otras regiones muy favorables a la implementación del toque de queda, como La Rioja, no han dado este paso y claman por la necesidad de "un marco normativo" para aplicar la restricción nocturna. En el caso de esta región, se realizaría desde las 21 horas, imitando a París. "Hemos propuesto aplicarlo hasta las 21:00 horas, pero necesitamos de un marco normativo para ponerlo en práctica", ha aclarado la presidenta riojana Concha Andreu.
Todo dependerá ahora, y nuevamente, de las decisiones que tjomen los tribunales superiores de justicia de las autonomías que han apostado por no esperar, adaptándose así al mismo ritmo del covid-19.
