Madrid
Este lunes era un día señalado para EiDF ya que ha vuelto a comenzar a cotizar en el BME Growth después de que el pasado 14 de abril fuera suspendida y que el viernes la CNMV le levantase la suspensión cautelar. Sus acciones apuntaban a un desplome del 70% (el máximo permitido) durante toda la jornada teniendo como referencia las órdenes de la subasta previa sin que se pudiese, eso sí, fijar un precio hasta el cierre de la sesión al no cruzarse las órdenes de compra con las de venta. Finalmente, terminó la jornada con una caída del 70% (estaba limitada hasta este nivel) hasta los 8,93 euros, lo que implicó el borrado de 1.200 millones de valor bursátil en solo un día.
Con esto la eléctrica retoma una historia que hasta abril había sido de éxito al repuntar más de un 600% desde que saliese a cotizar en julio de 2021. Llegó a alcanzar una capitalización de más de 1.700 millones, convirtiéndose así en una clara opositora al Mercado Continuo.
Sin embargo, este éxito quedó manchado hace unos meses cuando el supervisor acusó a la compañía fotovoltaica de no haber presentado sus cuentas de 2022 auditadas en plazo tras no firmarlas su auditor, PWC.
La decisión del supervisor de permitir la vuelta de EiDF al mercado se basaba en que la compañía había puesto ya a disposición del público información privilegiada respecto a las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión. Dicha información incluye las comunicaciones de información privilegiada realizadas desde la fecha de la suspensión por la propia sociedad emisora y el requerimiento adicional de la CNMV. Incluyen también las apreciaciones y advertencias de PwC y Deloitte sobre las cuentas de la compañía.
No obstante, sigue habiendo dudas sobre dichas cuentas ya que, según el regulador, la compañía no ha dado al mercado una información completa, omitiendo el resumen ejecutivo del informe forensic realizado por Deloitte y de haber llevado a cabo "omisiones muy relevantes". Además, la consultora advierte en dicho informe que "en algunas de las actividades y operaciones con terceros se han identificado situaciones en las que se habían creado, modificado o falseado documentos" y de que "hay evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad".
El último problema ha nacido precisamente en torno a dicho informe del forensic de Deloitte, el cual no había sido publicado literalmente sino con una serie de interpretaciones, apuntan desde la CNMV. El regulador se vio obligado a ser quien publicase este informe al entender que incluye "un relato de hechos y evidencias de gran trascendencia para los accionistas de EiDF, especialmente el de un posible falseamiento documental".
En el último informe anual de cuentas, presentadas hace un par de semanas, la empresa admite que "se encuentra en un proceso de refinanciación y reestructuración, que implicará la venta de activos, para solventar el problema de liquidez a cierre del ejercicio de 2022". Las cuentas de la compañía reflejan un vertiginoso crecimiento de la deuda. En 2020 los compromisos financieros de EiDF se elevaban a solo 2,8 millones de euros; en 2021 alcanzaron ya la cifra de 19 millones; y en 2022 ascendieron a 49,6 millones.
Problema de liquidez
PwC aseguraba en su informe que "en el curso de nuestro trabajo de auditoría se han puesto de manifiesto incidencias relevantes que suponen la existencia de debilidades significativas en el modelo de gobierno corporativo y el sistema de control interno de la sociedad, las cuales afectan, esencialmente, al área de gestión de contratos, seguimiento de proyectos y partes vinculadas", resaltando que el grupo "presenta un fondo de maniobra negativo de 20,9 millones de euros" a 31 de diciembre de 2022.
Esto, según el auditor, junto con otras cuestiones, "indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento". Y algo parecido ocurre también en las cuentas de la sociedad individual. En este caso el fondo de maniobra es igualmente negativo, aunque por un importe algo mayor, de casi 38 millones.
Y en la misma línea que hace respecto a las cuentas individuales, PwC vuelve a señalar la misma advertencia: la viabilidad de EiDF no está garantizada. De momento, la empresa gallega ha conseguido ya reclasificar deuda para que el fondo de maniobra vuelva a ser positivo.
En un comunicado remitido el pasado día 23, la compañía explicaba que se había clasificado un préstamo de Iberian Direct Lendingdig a corto plazo, aunque su vencimiento es a cinco años, ya que a 31 de diciembre se incumplía la condición de mantener un ratio de deuda financiera neta/ebitda igual a 2,5. Sin embargo, "con fecha de 31 de mayo de 2023 el citado fondo otorgó una dispensa (waiver) al cumplimiento de dicha condición, por lo que el préstamo volvería a clasificarse como préstamo a largo plazo", de acuerdo con EiDF. El importe del mismo es de 19,5 millones de euros y va íntegramente destinado a la construcción de parques fotovoltaicos.
Las polémicas cuentas de 2022
Según PwC, primera auditora de las cuentas de 2022, las cuales se negó a firmar, la compañía había cerrado el ejercicio con un fondo de maniobra negativo de 20,9 millones, una cifra que la empresa negó y situó en el terreno positivo por 3,3 millones al cambiar la clasificación de un préstamo a deuda a largo plazo. Estas cuentas deberán ser aprobadas en JGA próximamente, en la que también se aprovechará la ocasión para nombrar a cuatro nuevos consejeros que apuntalen su gobernanza de cara a los próximos meses, hasta ahora también debilitada por una concentración de poder excesiva en el presidente.
