La democratización del capital riesgo se produjo en septiembre del año pasado, de la mano de la Ley Crea y Crece, que abrió la veda a comercializar este tipo de productos entre inversores particulares siempre que se cumplan determinados requisitos. A raíz de ello, la Comisión Nacional del Mercado de Valores analizó el año pasado el cumplimiento de las normas de conducta en su colocación, y detectó algunas cuestiones mejorables.
"Se detectaron deficiencias, como fueron, entre otras: la falta de procedimientos adecuados para la clasificación de los clientes, sobre todo a la hora de acreditar los requisitos para ser calificado como minorista; la ausencia de realización de evaluación de conveniencia, la falta de acreditación de la entrega del DFI de PRIIP previo a la suscripción o deficiencias en su contenido", explica el regulador en su informe anual de 2022. "En algunos apartados, como inversiones objetivo y tipo de inversor, la información que se daba era muy poco detallada y las tablas de rentabilidad y costes no seguían los modelos de la normativa. Todas estas deficiencias fueron objeto de requerimiento", desarrolla.
El análisis realizado por la CNMV abarcó los procedimientos de clasificación de los clientes, la evaluación de la conveniencia y el cumplimiento del resto de los requisitos establecidos por la normativa en cada caso (inversión mínima, firma de asunción de riesgos…). Asimismo, ante la relevancia que tiene la transparencia para la protección del inversor, estos análisis se completaron con otro sobre el contenido del documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI) según la normativa sobre PRIIP para vehículos que habían sido inscritos recientemente.
La Ley Crea y Crece establece que los inversores particulares pueden colocar su dinero en fondos de capital riesgo españoles por un importe mínimo inicial de 10.000 euros, siempre que esta cantidad no represente más del 10% de su patrimonio financiero, que no debe exceder del medio millón de euros. Además, esta inversión será consecuencia de una "recomendación personalizada" realizada por un intermediario que les preste este servicio, según la norma.
En 2022 se inscribieron un total de 204 vehículos de inversión cerrados y 16 nuevas sociedades gestoras de entidades de tipo cerrado, con lo que se cerró el ejercicio con un total de 855 vehículos de inversión y 135 sociedades gestoras, un aumento del 27,4% y del 10,7%, respectivamente, respecto a 2021.
El regulador también hizo balance del impacto regulatorio en las sicavs que introdujo la entrada en vigor de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta norma establece inversiones mínimas de 2.500 euros por parte de, al menos, 100 accionistas que estas sociedades puedan tributar al 1% sobre sus beneficios. Con ello, en 2022 se dieron de baja 1.090 sociedades, por lo que el año se cerró con tan solo 1.190. La reducción del patrimonio fue del 44,3 %. Según estimaciones de la CNMV, solo se mantendrán en el registro unas 445 sicavs, de las cuales 358 podrían seguir tributando al 1%, mientras que 87 tributarían al tipo común del impuesto sobre sociedades, al no poder cumplir con las nuevas exigencias.
Finanzas sostenibles
El informe también confirma un dato que ya había adelantado hacía meses el presidente del regulador, Rodrigo Buenaventura: que el 34% del patrimonio en fondos en España ya es sostenible. A finales de 2022 se habían clasificado como tales un total de 295 productos, 112 más que al cierre de 2021. De ellos, 280 (272 fondos de inversión, 2 fondos de inversión libre y 6 Sicav) se catalogaron como artículo 8 (fondos que promueven características ambientales, sociales y de gobierno corporativo), y otros 15 se acogieron al artículo 9 (14 fondos de inversión y 1 fondo de inversión libre). El patrimonio de estos vehículos de inversión responsable ascendía, a cierre de año, a 112.769 millones de euros.
El informe repasa diversas iniciativas llevadas a cabo por la CNMV orientadas a la protección del inversor, entre ellas la "participación" en la nueva prioridad estratégica de ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) sobre transparencia en el ámbito de la sostenibilidad "ante la necesidad de garantizar que la información sobre sostenibilidad sea comprensible y abordar el riesgo de greenwashing [ecoblanqueo o ecopostureo]". Le puede interesar: CNMV: Los fondos españoles están menos expuestos que los europeos al riesgo de transición.
