Un grupo de accionistas institucionales, en particular fondos de pensiones en Suiza, evalúan la posibilidad de interponer una acción legal contra la venta de Credit Suisse al banco UBS por un 60% menos de su valor en bolsa.
"Examinaremos todas las opciones en los próximos días, incluyendo las legales, para establecer las responsabilidades de esta debacle", indicó la Fundación Ethos, compuesta por fondos de pensiones y otros inversores institucionales suizos que tienen intereses en ambos establecimientos.
Según la entidad, la venta de Credit Suisse es un "enorme desperdicio" para los accionistas y para la economía suiza en su conjunto, y, en este caso, los fondos de pensiones están "doblemente penalizados" por esta transacción.
Ello debido a una modificación de última hora aprobada por el Gobierno para que los accionistas de Credit Suisse y de UBS no puedan votar sobre la operación mediante la cual este último banco absorberá en los próximos semanas o meses -el tiempo que lleve recibir la aprobación final de las distintas instancias reguladoras- al primero.
En un comunicado, la Fundación Ethos advierte de que, un segundo problema que afrontarán tanto los fondos de pensiones suizos como la clientela privada en general, tiene que ver con la posición dominante que sin duda tendrá UBS en el mercado bancario helvético.
Como solución, propone que se cambie de estrategia y se separe de Credit Suisse su división de negocios en Suiza y que esta cotice en el mercado de valores. Esta idea permitiría preservar miles de empleos que ahora están en peligro y mantener un entorno de competencia sano para la economía nacional, según la fundación.
Otro frente judicial puede venir de los bonistas de Credit Suisse. Entre los grandes perdedores de la venta se encuentran los inversores en los bonos más arriesgados de la empresa, conocidos como AT1, por valor de 17.000 millones de dólares.
Los acreedores están estudiando frenéticamente la letra pequeña de los denominados valores de nivel 1 adicional para saber si las autoridades de otros países podrían repetir lo que hizo el Gobierno suizo el domingo: eliminarlos preservando 3.300 millones de dólares de valor para los inversores. Ese no debería ser el orden jerárquico, insisten algunos tenedores de los bonos.
"Esto no tiene sentido", ha dicho Patrik Kauffmann, gestor de carteras de renta fija de Aquila Asset Management, que posee los bonos. "Los accionistas deberían quedarse con cero" porque "está clarísimo que los AT1 tienen prioridad sobre las acciones".
No es que se suponga que los bonos no iban a recibir parte del golpe del colapso de Credit Suisse. De hecho, eso es en gran parte para lo que fueron creados cuando fueron concebidos por primera vez por los reguladores europeos tras la crisis financiera mundial, como una forma de imponer pérdidas a los acreedores cuando los bancos empiezan a fallar sin recurrir al dinero de los contribuyentes.
Sin embargo, al privilegiar a los inversores de capital sobre los tenedores de los títulos bancarios más arriesgados, ha dejado a la comunidad de bonos confundida y agitada sobre quién ocupa el primer lugar cuando se trata de la jerarquía de las reclamaciones de los inversores la próxima vez que un prestamista está en problemas.
Otro posible litigio
Ante la posibilidad de que se inicie un litigio, los operadores de Goldman Sachs se preparan para aceptar ofertas sobre las reclamaciones contra los bonos más arriesgados de Credit Suisse para los inversores que apuestan a que, en última instancia, podrán recuperar algo de valor.
"Liquidar a los tenedores de AT1 mientras se pagan cantidades sustanciales a los accionistas va en contra de todos los principios y normas de resolución que se acordaron internacionalmente después de 2008", según Jérôme Legras, jefe de investigación de Axiom Alternative Investments, que dijo que la empresa posee bonos AT1 emitidos por Credit Suisse.
Desde la perspectiva de las autoridades suizas, pudo forzar una quita de los títulos porque necesitaba reforzar el capital de Credit Suisse y resolver sus problemas de liquidez. Los bonos suelen sufrir un recorte cuando se ofrece ayuda pública a un prestamista con problemas de solvencia.
