Aumenta la presión de los inversores sobre los sueldos de las cúpulas del Ibex 35. Un asunto que hace solo unos años pasaba de puntillas por las juntas generales se ha convertido en caballo de batalla de los accionistas. En la temporada de juntas de 2022, la oposición de éstos a las políticas de remuneración de los consejeros de las grandes cotizadas no ha hecho sino crecer. Destacan, especialmente, los rechazos mostrados a las políticas retributivas de Telefónica y Sabadell, con votos en contra del 42,9% y del 38,4%, respectivamente. Visite el portal especializado elEconomista Inversión sostenible y ESG.
Estas votaciones son, en la inmensa mayoría de los casos, consultivas, no vinculantes. Pero el resultado que arrojan sí tiene un eco en el comportamiento de las empresas, tal y como explica Juan Prieto, fundador del proxy español Corporance Asesores de Voto. "La ley establece que si el rechazo supera el 50% la empresa tiene que presentar un nuevo plan", señala.
Esa barrera la rebasó Amadeus, que hace un año cosechó un brutal rechazo al Informe anual de Remuneraciones de los consejeros de 2020, en contra del cual votó el 61,5% del accionariado. La compañía se vio forzada a realizar mejoras en sus políticas; entre ellas, la eliminación del derecho a utilizar la discrecionalidad en lo que respecta a la retribución del consejo (es decir, la facultad de decidir libremente subidas en las remuneraciones). Estas modificaciones han dado frutos: este jueves, su Informe de remuneraciones de 2021 habría salido adelante en la junta de accionistas, con un 91% de votos a favor (a falta de que, en próximos días, se publiquen los resultados definitivos).
Pero incluso cuando los votos en contra son inferiores al 50%, la opinión de los inversores se toma en cuenta. Según Prieto, "un porcentaje de rechazo del 10% ya es una advertencia; y a partir del 15% y, sobre todo, del 20%, se considera que la compañía debe tomar medidas: si no presentar un nuevo plan, modificarlo", señala.
Por encima de esa barrera del doble dígito encontramos ya -si nos fijamos en las empresas más grandes del Ibex 35 por capitalización, y en las que suman mayor número de accionistas- a Telefónica, Sabadell, Cellnex Telecom, Iberdrola, Santander, BBVA y ArcelorMittal.
"El rechazo está yendo a más, y, sinceramente, lo que me extraña es que no lo haya hecho antes", señala Juan Prieto (Corporance Asesores de Voto)
Las empresas están obligadas por ley a presentar, cada tres años, a la junta de accionistas un plan de remuneraciones para el trienio, y también a llevar cada año a la junta, en un voto consultivo, el informe anual. Esto permite a los accionistas saber cómo se ha puesto en práctica ese plan, es decir, cuánto han cobrado los consejeros en base a él, y valorar si se ha aplicado de forma correcta. Aunque es suficiente con que estas votaciones sean consultivas, algunas empresas -como Endesa o Redeia- optan por ir más allá y hacerlas vinculantes. Lea también: Las gestoras aprietan a sus participadas en cambio climático.
El papel de los 'proxy'
"El rechazo está yendo, claramente, a más, y, sinceramente, lo que me extraña es que no lo haya hecho antes", señala Juan Prieto. Esos porcentajes de noes de doble dígito no eran habituales antes en España: los accionistas de las cotizadas de este país se han mostrado, tradicionalmente, pasivos en este sentido. Esto ha cambiado en los últimos años, en gran parte por la relevancia que han adquirido los proxy advisors: entidades que prestan a inversores, principalmente institucionales, servicios de asesoramiento sobre el voto en juntas. El papel que desempeñan cada vez tiene más peso, y ha fomentado que los accionistas despierten. Esto, en pleno despegue de la inversión sostenible, en un momento en el que los criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno) adquieren más relevancia que nunca. Lea también: Fondos para invertir en la G de ESG.
Entre las grandes del Ibex 35, destaca, como se ha señalado, la oposición que recibió el Informe anual de Remuneraciones de los consejeros de 2021 de Telefónica en su última junta general de accionistas, celebrada a primeros de abril. Este punto, el décimo y último del orden del día, era el único en el que Corporance Asesores de Voto recomendaba posicionarse en contra: "Celebramos el aumento en la ponderación de las métricas ESG para el cálculo de la bonificación variable. Sin embargo, nos preocupa el alto nivel de la remuneración fija, considerablemente por encima de la práctica del mercado, las elevadas aportaciones anuales a los planes de pensiones, así como el bonus extraordinario pagado a los consejeros ejecutivos durante el año", explicaban. El rechazo rozó el 43%.
La fuerza de los accionistas
Una oposición superior al 38% sufrió Sabadell, también en la votación del informe de remuneraciones, en la junta del pasado 24 de marzo. Al igual que en la de Telefónica, era la última propuesta, y fue la única contra la que recomendó posicionarse Proxinvest, una alianza de proxy advisors independientes que incluye al español Corporance, el italiano Frontis, el suizo Ethos, el alemán DSW y, propiamente, al francés Proxinvest. Estos asesores, pese a dar la bienvenida a "que el bonus anual dependa de métricas ESG, que pesan un 10%, entre otros objetivos financieros", lamentaron que "el salario base del CEO sobrepase la práctica de mercado, incluso sin un plan de pensiones", así como la existencia de lo que se denomina paracaídas de oro (una cláusula de blindaje que se activó con su marcha) para el anterior CEO, Jaime Guardiola, quien percibió 23,9 millones de euros, el 118% de su salario base. La cúpula del Ibex gana un 20% más tras lograr un récord de beneficios.
Porcentajes elevados de votos negativos los han soportado también Cellnex, que sufrió un rechazo próximo al 37% a su política de remuneraciones para el periodo 2023-2025 (votada en su junta del pasado 28 de abril), después de que el grupo elevase el tope a la retribución variable anual.
Iberdrola, por su parte, celebró su junta hace solo una semana, el viernes 17 de junio, y en ella cosechó un rechazo histórico a su Informe anual de Remuneraciones. Una cuarta parte de los accionistas de la eléctrica -el 24,3% de ellos- votó en contra del mismo. Se trata del porcentaje más alto hasta la fecha, al menos según los registros publicados en la propia web de la empresa, que se remontan a cinco años atrás. En 2017, la negativa a dicho informe se quedó en un tímido 3,3%. Dos años después superaba el 7%. En 2020 alcanzaba el 8%. En 2021, la oposición se duplicó hasta el 16,6%, para repuntar ahora, en 2022, hasta representar casi un cuarto del capital.
Con negativas ya inferiores al 15%, pero aún de doble dígito, se sitúan Santander (con un 12% de oposición a su Informe anual de Retribuciones en su junta del pasado 1 de abril); BBVA (11,1%) y ArcelorMittal (que supera por poco el 10%).
La cuestión más caliente
Buena parte de las cuestiones que se votan en las juntas generales de accionistas tienen que ver con la G del acrónimo ESG, los aspectos de buen gobierno, como la composición e independencia del consejo o, por supuesto, las retribuciones. Son estas últimas las que acaparan la mayor parte de los votos en contra emitidos en estas asambleas, según explicó Álex Bardají, director para el sur de Europa del proxy Glass Lewis, en un evento organizado por Spainsif el pasado mes de febrero. No solo se fijan en los importes, sino también en "si esa remuneración está o no alineada con la performance de la compañía, o si es excesiva", señala. Los tiempos en que este tema pasaba fugazmente por las juntas han quedado atrás.
Un Código para el institucional
En países como Francia, los inversores llevan ya dos décadas votando activamente en juntas de accionistas. En España, esto empieza a ocurrir ahora; hasta ahora, este país no ha contado con un código que impulsase y clarificase esta práctica. Precisamente para favorecer el despertar de los inversores institucionales la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha elaborado un Código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores y asesores de voto, de adopción voluntaria. Este viernes, el regulador anunció que el documento se someterá a consulta pública hasta el próximo 16 de septiembre.
