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El Supremo pide a Pilar Llop que garantice su funcionamiento ante las numerosas bajas sufridas

  • El alto tribunal tiene el 20% de sus plazas vacantes tras la reforma legal
  • El Consejo de Ministros refuerza la Fiscalía y la seguridad
Pilar Llop y Carlos Les mes. EFE

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo pidió ayer a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que adopte medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante la situación creada por la imposibilidad de efectuar nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones y ante las necesidades "materiales y personales" que el órgano arrastra desde hace muchos años.

Así lo resaltan en una nota informativa emitida tras la reunión que celebraron con el equipo del ministerio en la sede del Supremo. Según explican, le transmitieron a Llop que en octubre esa imposibilidad de realizar nombramientos -derivada de la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos- provocará que el alto tribunal tenga un 20% de sus plazas vacantes.

Llop, a la salida de la reunión, y en declaraciones a los medios, ha explicado que durante la misma ha solicitado al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que redacte un informe en el que se disocie las peticiones relacionadas con "las competencias ordinarias del Ministerio de Justicia" y las que vienen derivadas de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la reunión, los presidentes de Sala han solicitado el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y han planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo recordando que actualmente cuentan con una plantilla de magistrados un 14% inferior a lo legalmente previsto.

En la nota del Supremo añaden que esto hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado pese al nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90 por ciento del trabajo del Supremo. Y matizan que ese refuerzo no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados.

Ministerio Fiscal

Por otra parte, el Consejo de Ministros, a petición de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha aprobado un Real Decreto (RD) que regula el régimen de sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal, con el objetivo de incrementar la eficacia del sistema establecido y clarificar y actualizar su funcionamiento.

Esta norma afecta a los miembros de la carrera fiscal y tiene también como destinatarios a los abogados fiscales sustitutos que, sin pertenecer a la carrera fiscal, ejerzan sus funciones de carácter no permanente en el Ministerio Fiscal.

Además de referirse a las sustituciones entre los fiscales de carrera, este RD procede a realizar una regulación más completa y mejorada del régimen aplicable a los abogados fiscales sustitutos.

Por otra parte, adapta también la norma reguladora de las sustituciones a los cambios que se han producido en el ordenamiento jurídico desde la fecha de publicación del Real Decreto 634/2014, de 25 de julio fiscal (norma vigente en la materia).

Así, por ejemplo, desaparece de la norma reglamentaria la regulación de los Fiscales de Sala eméritos del Tribunal Supremo (en consonancia con la derogación de la regulación que sobre los Magistrados eméritos se contenía en el artículo 200 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) o se modifica en la regulación de los permisos y licencias de los abogados fiscales sustitutos el plazo de la licencia a disfrutar por el progenitor distinto de la madre biológica, para así acomodarlo a la actual normativa en este ámbito.

Promoción en la Fiscalía

El Consejo de Ministros también ha aprobadoun Real Decreto por el que se promociona a fiscal de la categoría segunda a un total de 31 abogados fiscales, pertenecientes a la categoría tercera.

Los ascensos, que han sido solicitados por la Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, cumplen con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que "las vacantes que se produzcan en la categoría segunda se cubrirán, por orden de antigüedad, entre los pertenecientes a la categoría tercera".

Los 31 nuevos fiscales cubren parte de las 33 plazas de esta categoría que han quedado libres por distintos motivos: fallecimiento (5), jubilaciones (19), excedencias (4) y ascensos a la primera categoría (5). Las dos plazas restantes se cubrirán con reingresos desde la situación de excedencia.

Seguridad en los juzgados

Finalmente, El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para renovar el servicio de seguridad integral y control de accesos en edificios administrativos y sedes judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

Este contrato, dividido en diez lotes y por un valor estimado de 47.108.119 euros, renovará los actuales contratos de seguridad que caducan el 31 de marzo de 2022 y fueron formalizados en el año 2018.

La seguridad y el control de accesos a las sedes judiciales se realiza por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en virtud del Convenio Marco para la prestación de los servicios de seguridad por personal de la Guardia Civil en la reserva en los edificios judiciales adscritos al Ministerio de Justicia, firmado por este Ministerio y el de Interior, con renovación anual.

Sin embargo, la cobertura de sedes y edificios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para atender las necesidades del Ministerio de Justicia precisa completar el servicio con medios externos. Para cubrir esta necesidad se prevé la contratación de un servicio externo por un período de 24 meses, prorrogable por un máximo de otros 24 meses.

El contrato se ha llevado a cabo a través del procedimiento negociado sin publicidad, previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

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