Los jueces deben valorar que el peritaje judicial de la Administración es de parte y no independiente

Los expertos al servicio de la Administración pueden actuar como peritos y sus dictámenes -al igual que cualquier otro dictamen pericial- han de ser valorados de manera libre y motivada, pero teniendo en cuenta que no es lo mismo que un dictamen emanado de la Administración se haga valer como prueba en un litigio entre terceros o en uno en que esa misma Administración es parte, ya que en este supuesto, el dictamen no goza de imparcialidad y, por ello, no merece un plus de credibilidad, porque quien es parte no es imparcial.

Así, lo determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de febrero de 2022, en la que concluye que "cuando esto ocurre, el dato es relevante, pues exige no eludir la proveniencia puramente administrativa del dictamen, examinando hasta qué punto ello ha podido influir en las conclusiones periciales".

Diferente dependencia

El ponente, el magistrado Díez-Picazo Giménez estima que "no todos los expertos al servicio de la Administración se encuentran en una misma situación de dependencia sobre el órgano administrativo llamado a decidir", y, añade que por mucha que sea la capacitación técnica o científica de la persona, "no es lo mismo un funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración que alguien que, aun habiendo sido designado para el cargo por una autoridad administrativa, trabaja en organismos dotados de cierta autonomía".

Además, determina la sentencia que habrá supuestos en que los informes de origen funcionarial, "aun habiendo sido elaborados por auténticos técnicos, no pueden ser considerados como prueba pericial", algo que ocurre destacadamente cuando las partes no tienen ocasión de pedir aclaraciones".

Así, el TS ordena a TSJ de Madrid reexaminar la exportabilidad de un cuadro de Sorolla sin dar un plus a la credibilidad a los informes de la Administración.

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