El anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital invade las competencias del Poder Judicial

En el anteproyecto Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, las potestades y funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "al que corresponde garantizar la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional, aparecen difuminadas, cuando no abiertamente eludidas o preteridas".

Así lo denuncia el borrador del informe Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que será analizado por el Pleno el próximo jueves, 24 de febrero y del que han sido ponentes los vocales Victoria Cinto y Rafael Mozo (elegidos a propuesta del PSOE) y José Antonio Ballestero Juan Martínez Moya (designado por el PP).

Los autores del informe explican que el anteproyecto no determina con precisión quién es el destinatario de las medidas que contiene y, como consecuencia, confunde las esferas de actuación de los Poderes del Estado concernidos: de un lado el Ejecutivo y, con él, la Administración y, de otro, el Judicial, cuyo ámbito de actuación aparece diluido y disminuido en relación con el que se quiere dotar al primero.

Confusión de planos

Asimismo, añade el borrador de informe, que se aprecia una confusión de planos de actuación normativa, administrativa y procesal, lo que no solo resta claridad a la ley proyectada -en perjuicio de su correcta aplicación por los operadores jurídicos y en perjuicio también de la seguridad jurídica- sino que además entra en pugna con el principio de legalidad procesal.

Ejemplos de ello son "la preterición de la facultad del CGPJ de proveer de firma electrónica a los jueces y magistrados, pese a estar establecido en la Ley 18/2011, o la subordinación a la autorización de la Administración prestacional (Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas con competencias transferidas) del acceso a los sistemas de información por los órganos del CGPJ con competencias de inspección y control".

En esa misma línea de desapoderamiento al Consejo, el borrador de informe señala la omisión de cualquier referencia al Punto Neutro Judicial, una plataforma de "utilidad y eficacia sobradamente probadas que sirve de medio para la solicitud y obtención de información de utilidad en los procedimientos judiciales, así como para la práctica de exhortos, órdenes de embargo y comunicaciones seguras".

El anteproyecto, concluye el borrador del informe debería regular dicho instrumento y las competencias del CGPJ sobre el mismo.

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