Desde el pasado enero, la Comisión Europea ha repetido el mismo mensaje a los Estados miembros al hablar del fondo de recuperación. Los 672.500 millones de euros del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el principal pilar del fondo, representan una oportunidad única para superar la recesión y transformar las economías europeas. Por eso, la Comisión ha pedido a los Gobiernos más ambición en las reformas, objetivos y calendarios más claros, y sistemas de control robustos para prevenir el conflicto de intereses, la corrupción o el fraude al gastar el estímulo comunitario sin precedentes.
Estos sistemas de control son "vitales", por lo que "estaremos vigilando muy de cerca durante las próximas semanas y meses", advirtió el pasado enero el vicepresidente ejecutivo de la Comisión al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis.
Estos avisos de Bruselas son especialmente relevantes para España, dado que seremos el segundo mayor beneficiario del fondo tras Italia. Sin embargo, el informe del Consejo de Estado sobre el borrador del decreto-ley para la gestión de los fondos de recuperación en España evidenció deficiencias en los mecanismos de control, sacrificados para agilizar la movilización de recursos.
Aunque el Gobierno señala que ha corregido gran parte de las faltas detectadas por el informe del Consejo de Estado, Bruselas vigila muy de cerca. Será la Comisión quien tendrá la última palabra, ya que deberá aprobar del plan nacional de recuperación con el que España desbloqueará los 140.000 millones de ayuda europea, repartidos a partes iguales entre transferencias a fondo perdido y préstamos.
"Mantenemos un intenso contacto con España sobre la preparación de sus borradores del plan de recuperación y resiliencia, incluyendo los aspectos relacionados con las auditorías y los controles", señaló este lunes un portavoz de la Comisión a elEconomista. El Gobierno tiene previsto enviar este mes su plan nacional de inversiones y reformas, y el aprobado de la Comisión y del Consejo Ecofin debería llegar en un plazo máximo de tres meses.
Siguen los contactos
Los contactos técnicos continúan para pulir los puntos pendientes, también las reformas laboral y de pensiones, y el calendario de hitos. Sin embargo, fuentes comunitarias niegan que la Comisión haya enviado una carta al Gobierno para pedir la creación de una unidad de seguimiento del fondo de recuperación.
Cada Estado miembro será responsable de decidir cómo previene, detecta y corrige conflictos de intereses, la corrupción y el fraude, o evitar que se reciben fondos europeos no solo del mecanismo sino también de otros programas comunitarios para las mismas iniciativas.
El Gobierno tendrá que explicar a Bruselas en su plan nacional qué mecanismos aplicará, y el Ejecutivo comunitario evaluará si ofrecen garantías "suficientes".
La Comisión no entrará a juzgar quién toma las decisiones políticas, el posible centralismo o el rol que pueden jugar expertos independientes
Si Bruselas detecta deficiencias en el sistema de control nacional, puede pedir un plan de acción al Estado miembro para corregirlas de manera urgente. El reglamento del mecanismo estipula que el control de la Comisión a posteriori sobre todo se centrará en el cumplimiento de objetivos e hitos, asunto central ya que será la llave para desbloquear los fondos.
El modelo de gestión que cada país adopte para diseñar el plan y cumplir con las metas será una decisión que corresponderá a cada Estado miembro. Por lo tanto, la Comisión no entrará a juzgar quién toma las decisiones políticas, el posible centralismo o el rol que pueden jugar expertos independientes. La Comisión da la bienvenida a los esfuerzos de los Estados miembros por procurar una aplicación "rápida" de las inversiones y reformas incluidas en sus planes, señala un portavoz de la institución. Pero recuerda que el marco de control, centrado en objetivos, ya se ajusta y es proporcional respecto "a la naturaleza única" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
