Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) rechaza el recurso del Gobierno y avala la tramitación de la proposición de ley del PP para derogar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El Pleno de la Corte, en una sentencia emitida hoy, rechaza el recurso del Ejecutivo en contra de que el Senado vetara su disconformidad con la tramitación de la norma. El Gobierno alegó que el artículo 134.6 de la Constitución le permite vetar una norma si afecta al incremento o disminución de los Presupuestos.
El Constitucional, sin embargo, señala que aunque el PP presentó la proposición de ley a finales de 2023, su entrada en vigor era el 1 de enero de 2024, y por tanto no afectaba a los Presupuestos de 2023 sino a los del ejercicio siguiente.
"La conformidad del Gobierno ha de referirse siempre al presupuesto en curso en cada momento, en coherencia con el principio de anualidad presupuestaria. Consecuencia de esto es que el veto no puede ejercerse en relación con presupuestos futuros, que aún no han sido elaborados por el Gobierno ni sometidos, por tanto, al proceso de aprobación", indica la Corte en un comunicado.
El TC aclara que la potestad del Gobierno para vetar la tramitación de una norma porque esté disconforme solo se aplica a los presupuestos "en curso", y en el momento en el que el PP presentó la iniciativa los únicos presupuestos en curso eran los de 2023, "a los que no afectaba la medida, ya que entraba en vigor el 1 de enero de 2024". "Distinta habría sido la solución si la proposición de ley hubiera tenido una entrada en vigor inmediata", esgrime.
Asimismo, el Ejecutivo también argumentó que los efectos de la medida se producirían antes de que entrara en vigor porque los contribuyentes podrían aplazar ciertas decisiones económicas, reduciendo así los ingresos tributarios en 2023.
Al respecto, la Corte indica que la facultad de conformidad o disconformidad del Gobierno se ciñe sobre la incidencia real en el presupuesto del Estado, "no meramente hipotética".
La norma del PP pretende eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya gestión y recaudación está en manos de las CCAA, bajo el argumento de que el tributo obliga a muchos contribuyentes a rechazar las herencias ante la incapacidad de hacer frente a su coste fiscal.
Las CCAA recaudan en su conjunto 2.800 millones por este tributo. La proposición de la formación es que el Estado compensara a las autonomías la pérdida de ingresos.