
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes ha sacado a audiencia e información pública el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado.
La Administración acelera su tramitación después de que el Tribunal Supremo, en una sentencia del 20 de junio, anulara el actual Reglamento por deficiencias en su tramitación. La norma careció de varios trámites previos a su aprobación como el informe del Consejo de Estado.
Ahora, la cartera encabezada por Félix Bolaños, inicia la tramitación desde el principio para contar con todos los trámites pertinentes. La norma anulada también regulaba la inspección de los servicios jurídicos del Estado y dictaba normas sobre su personal.
Los objetivos del nuevo texto son, según Justicia, regular la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado y su régimen de personal; dotar a la organización de una estructura más racional y eficiente introduciendo unidades intermedias; racionalizar el trabajo y las retribuciones ligadas a los convenios de asistencia jurídica con las entidades del sector público estatal; o regular fórmulas que incrementen la flexibilización.
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