BBVA se ha opuesto a dispensar del secreto profesional a los abogados de la entidad para que declaren ante el juez de la Audiencia Nacional por el caso Villarejo. El magistrado Manuel García-Castellón citó el pasado 24 de octubre para este viernes al representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, para conocer si el banco permitiría a sus abogados testificar en la causa. La vista ha durado apenas cinco minutos, durante los que Fraguas ha leído un breve documento, y después, el juez, la ha dado por finalizada.
El texto leído y al que ha tenido acceso este diario señala que "en ningún caso la colaboración puede suponer que se exija a la persona jurídica investigada (el banco) que releve del deber de secreto a sus abogados, ni que renuncie al derecho a comunicarse con sus abogados o estos con sus asistentes técnicos requiriéndole para que aporte las comunicaciones entre los mismos o el producto de su trabajo".
"No es admisible que, como condición de colaboración, se exija a la persona jurídica investigada tales renuncias, pues ello puede comportar un importante grado de coacción difícilmente admisible. Semejantes renuncias no pueden convertirse en la vara de medir de la colaboración", finaliza el documento.
La solicitud del magistrado a BBVA para que permita a varios de sus abogados declarar llegaba después de que la asesora jurídica del grupo financiero, María Jesús Arribas, rechazar testificar el pasado 21 de julio, justificando que su declaración como testigo vulneraría el deber o la obligación de secreto profesional. Arribas consultó al Colegio de Abogados al respecto que señaló que se encuentra obligada a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad. Asimismo, el propio juez del caso amparó el deber de secreto de Arribas.
La negativa de Arribas llevó a que el juez citara como testigo al presidente del banco, Carlos Torres, este 16 de octubre. Una declaración que finalmente quedó invalidada en la causa, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dijera a García-Castellón que no puede emitir nuevas diligencias tras el auto del 18 de julio que prorrogó la instrucción hasta el 29 de enero, con el único objetivo de tener tiempo para finalizar con las diligencias que quedaban pendientes. La Sala pidió al magistrado que fuera fiel a sus propias decisiones.
La Fiscalía busca la declaración de Arribas puesto que formaba parte del Comité de Seguridad Corporativa que creó el banco tras estallar mediáticamente el caso para depurar responsabilidades. Hasta entonces, habían declarado todos los miembros del Comité menos Arribas y Torres, quien finalmente lo hizo el 16 de octubre.
A este respecto, Fraguas ha señalado este viernes que su comparecencia supone un diligencia nueva y que iría en contra de los advertido en el auto de la Sala de lo Penal.
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