
El Ministerio de Justicia, encabezado por Pilar Llop, trata de calmar a jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ)y asegura que, a pesar de que no se han cumplido los acuerdos firmados para frenar las huelgas, los pactos se cumplirán, porque son vinculantes y además se hará con efectos retroactivos, según indica EP.
El Ministerio, junto con el de Hacienda y Función Pública, acordó primero en marzo una subida salarial a los letrados de entre 430 y 450 euros al mes tras dos meses de huelga y, después en mayo con jueces y fiscales (de otros 450 euros) para evitar que iniciaran paros. Sin embargo, ninguno de los dos acuerdos se ha llevado a cabo a pesar que el de los letrados debería haber entrado en vigor en julio y el de jueces y fiscales, el próximo 1 de octubre.
El Gobierno achaca que ha incumplido los pactos ante la actual incertidumbre política. Sin embargo, los jueces y fiscales señalan que eso no debería servir de excusa, y tanto estos como los letrados amenazan con huelgas.