
Los funcionarios de la Administración de Justicia han comunicado que suspenden desde este miércoles 5 de julio la huelga indefinida que iniciaron el pasado 22 de mayo, tras 45 días. No obstante, avisan, los paros quedan aplazados hasta la constitución del nuevo gobierno resultante de las elecciones generales. Asimismo, mantienen dos días de huelga general para el 11 y el 20 de julio.
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT (que conforman el comité de huelga) han indicado en un comunicado que el Ministerio de Justicia "está en clara descomposición" y "la cobarde actitud de sus máximos responsables así lo demuestra", ausente del grave conflicto abierto.
"Este Ministerio predica para los demás lo que no quiere para él mismo y no ha respondido a la propuesta de mediación planteada por el Comité de huelga hace cinco días insistiendo en su falta de respeto a los derechos laborales y sindicales. Un ministerio, amparado por su Gobierno, que no escucha, y que sólo sabe imponer su criterio vulnerando derechos fundamentales y humillar a sus empleados y empleadas públicas y que niega el derecho a la negociación colectiva", critican.
Según los sindicatos, el calendario ha jugado a favor del Gobierno. "La llegada del periodo estival de vacaciones ha ocasionado un lógico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida motivado por la necesidad de descanso y en muchos casos también por la necesidad de conciliación. A este descenso se une el agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance. Algo que ninguna familia ni ningún trabajador puede soportar indefinidamente", explican.
Dos millones de juicios cancelados
La huelga de los funcionarios ha cancelado más de dos millones de juicios desde su inicio y ha paralizado 20 millones de actuaciones judiciales. El gremio, compuesto por 45.000 empleados, reclama una subida salarial de 430 euros brutos al mes por la mayor carga de trabajo, similar a la pactada por el Gobierno con los Letrados de la Administración de Justicia, tras dos meses de huelga, y con los jueces y fiscales tras la amenaza de paros.
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