
La huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, que tomó carácter indefinido el pasado 22 de mayo, ya ha cancelado más de 2 millones de juicios desde entonces y ha paralizado 20 millones de actuaciones judiciales, según informan los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ este viernes en un comunicado conjunto. Pero la situación, no tiene visos de cesar.
El gremio, conformado por 45.000 empleados, se ha chocado con la negativa del Ministerio de Justicia a negociar la subida salarial que reclaman hasta que pasen las elecciones generales. Una postura, a la que se oponen y, por tanto, mantienen los paros como método de presión.
El comité de huelga, precisamente, solicitó este jueves de manera formal la apertura de un procedimiento de mediación que permita solucionar el conflicto abierto con el Ministerio "para reconocer funciones y retribuciones de los funcionarios de Justicia". Los escritos, registrados en los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública, reiteran la voluntad de negociación y reclaman una solución extrajudicial, tal y como establece la Ley (artículo 45.3 del Estatuto Básico del Empleado Público).
De momento, el Ministerio de Justica no ha aceptado esta vía de solución del conflicto y el comité recuerda que el lunes 3 de julio finaliza el plazo de 48 horas (hábiles) para dar respuesta. "Recordamos que la mediación solicitada es obligatoria y, por este motivo, en el escrito se emplaza a la Administración para que lleguemos a un acuerdo sobre la persona o personas que pueden ejercer de mediadores en el conflicto", señalan en el comunicado. Los funcionarios reclaman subidas de sueldo de 430 euros al mes brutos.
Letrados de Justicia
Por otro lado, el Ministerio de Justicia sí que ha convocado para el lunes a asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) a una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo que firmó su comité de huelga el 28 de marzo. Las partes, tras dos meses de huelga indefinida por parte de los letrados, pactaron el 28 de marzo subidas salariales de hasta 450 euros brutos al mes. No obstante, los letrados han mostrado en las últimas semanas su preocupación sobre que el acuerdo finalmente prosperara tras paralizar los trámites el Ministerio, que finalmente los ha emplazado para el lunes.
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