Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que lograron pactar con el Ministerio de Pilar Llop una subida salarial de 450 euros brutos al mes tras dos meses de huelga indefinida temen que se caiga el acuerdo con la convocatoria anticipada de elecciones.
Las tres asociaciones que representan a los LAJ (Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia) han emitido este martes un comunicado conjunto en el que señalan que "no aceptarán el incumplimiento total o parcial del acuerdo de 28 de marzo".
"Pese al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establecía una tramitación urgente, y pese a que se había completado en plazo la mayor parte de la misma (memoria económica, informe de la Secretaria técnica, informe del Consejo General del Poder Judicial), el pasado jueves el Secretario General nos informó de la paralización de los trámites pendientes para la reforma de los Reales Decretos retributivos, sin dar ninguna razón objetiva para ello y ofreciendo solo promesas de su reanudación", exponen.
Los letrados han instado al desbloqueo de la mesa negociadora y a su inmediata convocatoria tanto ante el Ministerio de Justicia como ante el de Hacienda y Función Pública, sin garantías de ninguno de los dos de que se aprueben con tiempo las reformas de los reales decretos.
Ante esta situación, las asociaciones de letrados han convocado asambleas informativas para los próximos jueves 22 y viernes 23 de junio. "De igual modo, se han iniciado estudios jurídicos para exigir, en su caso, las consecuencias legales de todo orden que pudieran derivarse", explican.
A su juicio, incumplir el acuerdo alcanzado tras más de dos meses de huelga supondría un problema de tal calado en la Administración de Justicia que "ni siquiera unos responsables ministeriales al final de una legislatura deberían asumir".
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