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La nueva legislatura ya tiene deberes pendientes: renovación del CGPJ, acceso a cajeros o más enfermeros

  • Fin de leyes 'estrella' de Sánchez como Paridad, Familias o Función Pública
La nueva presidenta del Congreso (centro), Francina Armengol. EP

La nueva legislatura arranca con deberes heredados de la anterior entre los que sobresale la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La XIV legislatura terminó de forma abrupta ante el adelanto de las elecciones generales dejando en el limbo 59 proyectos de ley sin culminar y otros dos proyectos de ley sin calificar.

Esto supuso que muchas de las normas 'estrella' que pretendía sacar el anterior Gobierno (el proyecto de ley para lograr paridad en las cúpulas empresariales, el de Función Pública o el de Familias) caducaran y, por tanto, si se quieren volver a proponer se deberá iniciar la tramitación desde el principio.

Los deberes que se traspasan a la nueva legislatura son las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) o las propuestas por las CCAA. Entre ellas destacan varias relativas a la renovación del CGPJ (en noviembre cumplirá cinco años en funciones), a cuya cúpula el Ejecutivo de Sánchez vetó en 2021 la posibilidad de hacer nombramientos. Esta limitación se ha traducido en una falta de jueces en el conjunto de la esfera judicial (contando también tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y Audiencia Nacional) que ya superan los 80.

De un lado, el CGPJ ha remitido al Congreso la comunicación de la próxima expiración del mandato de sus miembros y la información necesaria para la presentación de nuevas candidaturas para la designación de vocales correspondientes al turno judicial. También ha enviado las memorias de actividad de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. De otro lado, el Congreso tendrá que estudiar la proposición de ley de la Comunidad de Madrid para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entre otras iniciativas de las CCAA, destaca la del parlamento catalán que presentó una proposición de ley para garantizar el servicio del cajero automático y los servicios bancarios en los municipios con riesgo de exclusión financiera.

Por su parte, Murcia lleva una proposición de ley relativa al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y una segunda para modificar el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer la custodia compartida en régimen de guarda y custodia de menores de aplicación preferente. Finalmente, la Cámara Baja también tendrá que estudiar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Además, Baleares plantea modificar la Constitución para que Formentera elija un senador propio con independencia del que elija la isla de Ibiza.

Entre las iniciativas populares que se trasladan a la actual legislatura, destaca una proposición de ley para establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social; otra para incrementar los ratios de enfermeras para garantizar la salud del paciente en centros sanitarios y otra la una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España.

Iniciativas caducadas

Entre las 61 iniciativas caducadas con el fin de la anterior legislatura destacan algunas ya avanzadas, que estaban en tramitación en el Senado, último paso, como el Proyecto de Ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que pretendía crear una figura para resolver de forma extrajudicial las quejas de los usuarios a banca y aseguradoras. También quedó sin aprobar la que iba a ser la Ley de Atención al Cliente que prometía reducir a tres minutos el tiempo de espera en las llamadas de los clientes a las compañías.

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