El Gobierno vuelve a servirse de la vía de urgencia para sacar adelante el Proyecto de Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. El Consejo de Estado ya criticó la semana pasada en su dictamen sobre el gravamen a la banca y a las energéticas el uso de la "urgencia" por parte del Ejecutivo y la falta de informes pertinentes que justifiquen el rechazo de las objeciones de legalidad formuladas en el trámite de audiencia.
No obstante, desde el Ministerio de Presidencia buscan sacar cuanto antes esta figura y, si los plazos no se alargan, vería la luz en la primera quincena de marzo. La vía de urgencia reduce a la mitad los tiempos de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley. Así, el plazo en el Congreso para presentar enmiendas concluye el día 15 de este mes (si la Mesa no lo prorroga) y a continuación pasaría al Senado que tiene 20 días para su tramitación.
Fuentes del sector financiero aseguran a este diario que "llama la atención las prisas" por sacar este proyecto adelante, especialmente cuando no hay una demanda social inmediata. No obstante, creen que en el medio plazo van a crecer las reclamaciones a las entidades, especialmente ante la subida de las hipotecas con el alza de los tipos, y el Ejecutivo quiere tener preparada la Autoridad para recibir las reclamaciones. Además, cabe recordar que desde Unidas Podemos han insistido en varias ocasiones en la necesidad de topar las hipotecas variables para proteger a las familias del alza del euríbor.
250 euros por queja
La Autoridad de defensa del cliente financiero nace para recibir las reclamaciones en materia bancaria de los usuarios. Uno de sus puntos más polémicos es que cobrará a los bancos 250 euros por cada queja de cliente que se acepte, una tasa con la que se financiará. Sin embargo, desde el sector financiero critican que, en principio, este Proyecto de Ley no recoge que si finalmente la razón la tiene el banco, se le devuelva la cuantía. Esta nueva Autoridad aunará las reclamaciones a bancos y aseguradoras que hasta ahora reciben el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros.
La presentación de reclamaciones será gratuita para los usuarios. Los bancos afrontan multas de hasta el 2% de su cifra de negocio. Además, las resoluciones de la Autoridad serán vinculantes para importes inferiores a 20.000 euros.
