A pesar de la falta de seguridad jurídica que genera gobernar mediante Decreto-ley, hurtando el debate parlamentario de fondo y el análisis de los informes de los organismos consultivos del Estado (como el Consejo de Estado o el del Poder Judicial), los Ejecutivos de Pedro Sánchez han recurrido a 127 decretos de este tipo para regular asuntos tan fundamentales para el desarrollo social, de la economía y de la empresa como el ingreso mínimo vital, las condiciones laborales de autónomos, trabajadores del servicio del hogar o del reparto en el ámbito de plataformas digitales.
Estas normas son aprobadas por el Consejo de Ministros cuando se dan razones extraordinarias o de urgente necesidad, aunque la potestad legislativa es del Parlamento, tal y como establece la Constitución española. Por ello, deben ser convalidados por las Cortes y, de esta forma, se transforman en leyes ordinarias por un procedimiento en el que los parlamentarios tienen escaso margen de actuación.
La urgente necesidad ha quedado arrinconada con el paso de los años y los Decretos-ley se han convertido en una herramienta mediante la cual el Gobierno aprueba de forma unilateral medidas con rango de ley sin pasar por el trámite parlamentario, debatirse y contar con el apoyo de una mayoría.
Esta forma de legislar ha generado una respuesta judicial, motivada por las lagunas generadas y por el descontento de numerosos sectores con las medidas contenidas en los Decretos-ley, lo que ha convertido al sistema judicial en el garante de los derechos de los ciudadanos.
Promesas incumplidas
Todo ello, a pesar de que Pedro Sánchez, en noviembre de 2015, acusaba a Mariano Rajoy (quien aprobó 107 Decretos-ley en sus seis años de mandato) de "menospreciar al Parlamento" y de convertir esta herramienta legislativa en "una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar". En sus intervenciones, Sánchez prometió "dar al Parlamento la centralidad que merece" y "limitar el uso del decreto ley a circunstancias indicadas para ello". Un ejemplo claro de esta errática forma de legislar se dio en la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que fue aprobado por el voto erróneo de un diputado del PP, a pesar de la oposición de su formación política a la ratificación de esta ley.
Diversas fuentes judiciales consultadas por elEconomista.es señalan al respecto que las prisas y la mala técnica legislativa llevan a que los ciudadanos no entiendan las normas, en parte porque no se explican y, además, porque resultan muy complicadas. Ello, está generando un rechazo hacia la actividad política y un atasco creciente en el normal funcionamiento del sistema judicial.
No obstante, de los 132 decretos-ley que se han aprobado desde junio de 2018, fecha en la que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, al menos 127 tienen un claro trasfondo económico y en la totalidad de los casos se ocupan de diversas materias muchas de las cuales no tienen mayor relación que la de haber sido incluidos en el mismo texto legislativo.
A estos efectos, diversos juristas consultados por elEconomista.es coinciden en señalar que el abandono de la urgente necesidad y la inseguridad jurídica creciente se comprueban por la extraordinaria variedad de medidas que se incluyen en los articulados y que nada tienen que ver con la parte fundamental del Decreto-ley.
Algunos de estos Decretos-ley no tienen carácter económico directo, aunque sí una trascendencia fundamental en el control de las instituciones por el Gobierno, como ha sucedido con el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente.
Un largo listado de medidas
Atendiendo a la importancia de la materia principal que se legisla, 32 son de carácter laboral. Así, por ejemplo, se han abordado por esta técnica legislativa se ha establecido un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y la protección por cese de actividad; se ha adaptado el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas se han regulado las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria; se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
También se incluyen medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La figura del Decreto-ley se ha empleado también para establecer herramientas macroprudenciales; medidas para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados; la modificación del Impuesto sobre la Plusvalía tras la anulación del sistema de cobro por el Tribunal Constitucional; la modificación del Impuesto sobre Transmisiones; o la transposición de múltiples directivas.
