El Gobierno ya tiene plan b para sacar adelante las dos enmiendas de la reforma penal vetadas este lunes por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la modificación del sistema de renovación de los magistrados del tribunal de garantías y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recurrió el PP. El Ejecutivo registrará esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que incluya el objeto de las dos enmiendas. La proposición de ley se hará mediante la tramitación urgente y para ello ya ha mantenido conversaciones con varios partidos políticos que han censurado la decisión del Constitucional con el objetivo de que se sumen a la iniciativa.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ante el varapalo recibido por parte del TC tras atender el recurso del PP, señaló en la mañana de este martes que acatará la decisión judicial pero que llevaría a cabo "las medidas necesarias" para desbloquear la renovación de los magistrados del TC y el CGPJ. Horas después, ya se conocían cuáles eran esas medidas que no había concretado.
Más País, formación liderada por Íñigo Errejón, ya presentó el pasado lunes en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y PDeCAT instó este martes a los grupos afines a estas enmiendas a convertirlas en un proyecto de Ley que pueda ser tramitado con máxima urgencia, tal y como se va a hacer.
Decisión de la Cámara Alta
Por su parte, el Senado seguirá adelante con la proposición de ley que reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación, aunque aparta del texto las dos enmiendas vetadas por el Constitucional. La Comisión de Justicia de la Cámara Alta aprobó este martes la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, paso necesario para que el Pleno de Senado debata este jueves la iniciativa. Además, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados se personarán en el procedimiento abierto en el Constitucional por el recurso de amparo del PP, en el que también están personados el PSOE y Unidas Podemos, y la propia formación encabezada por Alberto Núñez-Feijóo. El tribunal dio un plazo de diez días para presentar alegaciones.
Por su parte, Feijóo aseguró este martes que solo negociará la renovación de los jueces de los dos órganos judiciales si Sánchez renuncia a modificar el Código Penal "sin los informes correspondientes".
