El anteproyecto de ley para lograr la igualdad de género tanto en los órganos de decisión del gobierno central, además de gobiernos autonómicos y municipales, así como en las grandes compañías afectará, además de a las sociedades cotizadas, a unas 1.500 empresas en nuestro país, según informan los expertos del ámbito de la auditoría consultados por este diario.
Según anunció el Ejecutivo este fin de semana, y de cara al 8M, la nueva norma modificará la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, ésta última actualmente en tramitación parlamentaria, para que las entidades consideradas de interés público, según la Ley de Auditoría de Cuentas, alcancen un 40% de mujeres en sus consejos de administración y en la alta dirección.
Para que una compañía sea considerada entidad de interés público debe tener de media 250 empleados al año y facturar 50 millones o contar con unos activos de 43 millones. Según la actual Ley de Auditoría de Cuentas, además, entrarían dentro de la categoría de firmas de interés público entidades bancarias y aseguradoras (aunque no estén cotizadas), fundaciones bancarias, fondos de inversión y empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva (IIC), entidades de pago y entidades de dinero electrónico. Las firmas cotizadas tendrán hasta el 1 de julio de 2024 para lograr la equidad de género en sus órganos de decisión, mientras que las de interés público, tendrán hasta junio de 2026, seis meses antes de lo que obliga la directiva de la Comisión Europea, que da hasta 2027 para que las grandes empresas alcancen el 40% de mujeres en puestos directivos.
Además, de cara a la Administración pública, el anteproyecto modificará la Ley del Régimen Electoral General para aplicar las listas cremallera. Es decir, las candidaturas electorales deberán tener una composición paritaria de mujeres y hombres, integrándose las listas por personas de uno y otro sexo de forma alternativa. Por otro lado, también se modificará la Ley del Gobierno para que las Vicepresidencias y los Ministerios cuenten con una presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que cada uno de los sexos suponga un mínimo del 40%. Finalmente, se reformará la Ley de los Colegios Profesionales para garantizar que los miembros del sexo menos representado ocupen al menos el 40% de los puestos de las Juntas de Gobierno hasta el 30 de junio de 2026.
