El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, ha denunciado la lentitud con la que se ejerce la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma durante la presentación de la Memoria Anual del año 2022. La medida principal que propone el magistrado para poder atender el volumen de asuntos son 500 plazas más, aunque, también destacó que lo ideal para adaptarse a la media de la Unión Europea sería doblar la cantidad, llegando a los 1.600 magistrados, sin embargo, se necesitaría un plan en los próximos diez años que se mantenga, a pesar de que existan cambios de legislatura en el Gobierno.
Los datos recopilados por el TSJM demuestran que hay un aumento de casos ingresados de un 6% con respecto al año 2021, alrededor de 982.000 del periodo estudiado, mientras que los asuntos resueltos llegan casi a los 950.000 casos, una evolución del 3,3%. Sin embargo, a pesar de una alta cifra de sentencias ajustadas, la pendencia de estos asuntos creció hasta el 10%, quedando casi 535.000 pendientes de una resolución en la Comunidad de Madrid.
La Jurisdicción de lo Civil es en la que más ha incrementado la entrada de nuevos asuntos (7%) con casi 463,000 casos, pero se quedaron sin tramitar más de 360.000 de ellos, un 12,6% más que en el año anterior debido a que este es un foco de litigios masivo por el tipo de demandas que se presentan, generalmente de tipo hipotecario.
Rodríguez ha declarado que la situación del sistema judicial actual es preocupante. De un lado, aún se mantenían "los ecos de la pandemia por la suspensión, ralentización y demora de la velocidad crucial" que habían caracterizado el ejercicio del año 2021, lastrando la eficacia de la justicia en la Comunidad de Madrid. A lo que se le sumó un "duro golpe": la huelga de los Letrados de la Administración de la Justicia (LAJs) que se prolongó dos meses seguidos, los cuáles conllevaron la suspensión de 18.275 actuaciones judiciales, sobre todo en el ámbito civil, lo que se convirtió en un muro infranqueable para la recuperación del sistema.
A pesar de la negativa perspectiva del órgano, el presidente ha destacado la importancia de la labor de digitalización y avances tecnológicas puesta en marcha a lo largo del 2022. Madrid estaba hasta hace unos años por detrás de otras comunidades autónomas para solventar la brecha digital en los juzgados. Gracias a los avances de los últimos meses ya hay una suficiencia generalizada, aunque la Jurisdicción Penal sigue retrasada, en el desarrollo del Expediente Judicial Electrónico que estará operativo para finales de este año, y será una realidad prácticamente acaba para el año 2024.
Cambio de regulación
El magistrado ha insistido en la importancia que tiene para este órgano que el próximo Gobierno de España plantee un nuevo modelo de Tribunal Superior que mejore el rendimiento de las funciones. Este año se tenían tres proyectos de ley en espera de ser aprobados, cuyos objetivos eran conseguir la eficacia a nivel de organización, procesal y digital. Sin embargo, la convocatoria anticipada de las elecciones con la respectiva disolución de las Cámaras estancó el procedimiento hasta la constitución de las Cortes que decidirán en qué punto y cuáles partes de los textos se propondrán.
También, realizó una comparación con los territorios autonómicos que asemejan las características de la Comunidad de Madrid a nivel de casos ingresados anualmente, como lo son Andalucía (1.297.009) y Cataluña (1.126.868), tomando en cuenta que estás ingresan más litigios, a pesar de que ambas superan el millón. A nivel de pendencia tienen 650.000 y 585.000, respectivamente, lo que demuestra la similitud a nivel de porcentajes, consecuencia de la falta de medidas eficaces que acaben con el "problema endémico" que es la lentitud.
Reacción por el 'Solo sí es sí'
El presidente del TSJM no ha perdido la oportunidad para criticar, aunque sin nombrar directamente a ningún culpable, la "desmedida reacción" de los políticos contra los jueces que aplican la jurisdicción del Derecho proveniente del Parlamento, tras la rebaja de penas y excarcelaciones por la entrada en vigor de la ley Orgánica 10/2022 -popularmente conocida como 'Solo sí es sí'- que se ampara en el principio de retroactividad de la ley a favor del reo conforme al artículo 2.2 del Código Penal.
A pesar de no querer poner nombres ni apellidos, sí que ha mencionado que eran responsables dentro del Gobierno actual, y afirma que "se saben quiénes son" los que los acusaron "de machistas y de ignorancia absoluta de la ley, cuando no de simples prevaricadores". Además, ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial había advertido, en una nota del 16 de noviembre de 2022, los efectos que tendría la modificación de las penas al unificar el tipo de delito, y que no debía ser "tan desacertada la aplicación de la ley" cuando el propio Gobierno presentó un proyecto de contrarreforma para disminuir los efectos de esta.
Relacionados
- Hacienda reconoce a jubilados del comercio devoluciones por antiguas mutualidades
- El TS rechaza la suspensión cautelar de la elección de A Coruña como sede de la Agencia de Supervisión de IA
- El Supremo avala que eliminar una bonificación de comida cambia las condiciones de trabajo
- La Abogacía reclama más financiación para la justicia gratuita tras el incremento de casos
