El Gobierno de Pedro Sánchez se servirá de decreto-ley para sacar adelante, con urgencia y sin debate parlamentario, la que iba a ser la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, más conocida como la ley de fusiones, que estaba en tramitación en el Congreso pero decayó con la disolución de las Cortes. El objetivo es aprobar el decreto-ley el próximo martes 27, según prevén las fuentes de Justicia consultadas, y antes de que las elecciones del 23 de julio supongan un cambio en el Ejecutivo.
Uno de los puntos más polémicos de esta norma es que obliga a las empresas que vayan a realizar una transformación, fusión o escisión transfronteriza a estar "al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante aportación de los correspondientes certificados, válidos y emitidos por el órgano competente".
De hecho, el dictamen del Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de Ley pidió al Ejecutivo eliminar este punto del texto bajo el argumento de que no tiene sentido exigir esta acreditación "porque con frecuencia las empresas con problemas de solvencia que entran en concurso son deudoras de las Administraciones Públicas". El Gobierno, finalmente, ha hecho oídos sordos a esta demanda.
La futura norma sí permite a las sociedades que se encuentren en concurso de acreedores o sometidas a un plan de reestructuración o a un plan de continuación, a realizar estas operaciones puesto que suponen "una importante herramienta de reestructuración", según el texto, que exige informar a los acreedores de las implicaciones que tendrán para ellos la operación. Por otro lado, se excluye a las compañías que están en liquidación concursal de cualquier transformación, fusión o escisión. Asimismo, la norma, enfocada sobre todo a grandes compañías más que a pymes, también exige que el órgano de administración elabore un informe con el impacto que va a tener la operación sobre los socios, y sus vías de recurso, y para los empleados.
Los cambios del borrador del decreto-ley frente al anteproyecto son nimios y meramente técnicos, según las fuentes consultadas.
Tambalea la seguridad jurídica
Las prisas por que esta norma, encabezada por el Ministerio de Justicia, vea la luz antes de los comicios, la ha privado de diálogo social y consulta con los interlocutores, lo que ha levantado ampollas entre el sector empresarial puesto que afecta tanto a la calidad de la misma como a la seguridad jurídica en una materia tan relevante para la estructura de las sociedades y la economía.
La norma traspone la Directiva europea 2019/2021, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. Busca simplificar la regulación para impulsar estas operaciones y con ellas el mercado interior, la competitividad y la libertad de establecimiento. Todos los Estados miembros debían transponer la Directiva antes del 31 de enero de este año, plazo incumplido y por lo que la Comisión Europea expedientó a España el pasado mes de marzo.
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