La disolución de las Cortes pone 'en jaque' los pactos salariales acordados con Justicia

Tras el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio, los diferentes colectivos de la Administración de Justicia se han pronunciado para conocer su situación y descubrir qué es lo que va a pasar con los acuerdos salariales que pactaron las diferentes asociaciones que representan el Ministerio de Pilar Llop.

El primer colectivo en pronunciarse ha sido el de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que han emitido un comunicado en el que reclaman una reunión de urgencia con la Administración para obtener garantías que aseguren la subida de sueldo de 450 euros mensuales que pactaron a finales del mes de marzo tras más de dos meses de huelga indefinida. 

Los letrados apuntan que los reales decretos programados para sus retribuciones no tienen que verse afectados en la aprobación de su subida salarial. "Su tramitación no requiere de la intervención de las Cortes Generales, estaremos atentos al cumplimiento de todo lo acordado, que recordamos debe verse reflejado en la nómina de julio", advierten.

Las asociaciones de Jueces y Fiscales acordaron recientemente en la mesa de retribuciones la subida salarial de 46,7 millones de euros. Sin embargo, ocurre lo mismo que con los letrados, el adelanto de fecha de las elecciones impide la aprobación del acuerdo,  cuyo aumento de sueldo actualmente se desconoce si se va a llegar a producir. 

Por otro lado, los funcionarios de la Administración de Justicia, en huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo, también se han manifestado al respecto. Para el gremio, la disolución de las Cortes supone un duro revés ya que impide la aprobación de ninguna norma con rango de ley. Una de las reivindicaciones que perseguían era derogar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia (LOEO), objetivo que precisamente no pueden cumplir ya que la norma se encuentra paralizada, aunque "no derogada" como apuntan desde las asociaciones convocantes. 

Reunión para cesar la huelga

Ante esta situación, los funcionarios se van a reunir a lo largo de esta tarde para decidir si desconvocan la huelga, aunque apuntan que seguirán reivindicando una subida salarial de 430 euros mensuales por funcionario, lo equivalente a una remuneración global de 200 millones de euros para el colectivo.  

Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha realizado un llamamiento a los sindicatos de funcionarios convocantes de la huelga para desconvocar los paros al causar "un daño irreparable a los profesionales y a los justiciables, ciudadanos y empresas. Les pido a los sindicatos que desconvoquen de forma inmediata estos paros asumiendo que el actual contexto político no permite vislumbrar un fin cercano de este conflicto", reclama. 

Desde el ICAM apuntan que ante la llegada de las elecciones generales anticipadas la capacidad de actuación es "muy limitada" por lo que es bastante complicado que en la situación actual se puedan hacer cargo de las proposiciones que reclaman los convocantes de la Administración de Justicia y que perjudica a derechos fundamentales "como el derecho de defensa y a la tutela judicial, además de costes económicos muy graves", concluye el decano.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky