Los funcionarios de la Administración de Justicia han decidido no desconvocar la huelga indefinida, que iniciaron el pasado 22 de mayo, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la disolución de las Cortes Generales que deja en el aire los acuerdos salariales pactados por el resto de colectivos de la Administración y que supone la paralización de más de 60 leyes.
Las asociaciones convocantes han firmado un acuerdo conjunto en el que aluden al Ministerio de Justicia para que se siente a negociar y no utilice la disolución de las Cámaras como pretexto "para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia y para con la ciudadanía española".
El colectivo recuerda que, a pesar de adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio, el Gobierno sigue en activo lo que permite seguir manteniendo su labor y negociar la subida de 200 millones de euros que ya llevan más de un mes reivindicando. "El Gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de Julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018", comentan.
Los funcionarios afean la pasividad por parte de la Administración que dirige Pilar Llop para desencallar el conflicto y el gremio se siente molesto por no tener todavía una propuesta encima de la mesa después de que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y las asociaciones representantes de jueces y fiscales consiguieran un aumento salarial. Por ello, emitirán un escrito al Gobierno para que entre en el conflicto y obligue al Ministerio de Justicia y al de Hacienda y Función Pública a negociar para lograr un acuerdo que permita seducir a ambas partes que ponga punto y final a la huelga indefinida.
Entre sus principales reclamaciones, se encuentra la de congelar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa de la Justicia. Ahora, con la disolución de las Cortes, la tramitación de la norma está actualmente estancada, por lo que su protesta se centra únicamente en conseguir una adecuación salarial, en proporción a las funciones "que realmente se realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia", manifiestan.
Desde el colectivo advierten de las consecuencias que está provocando la huelga indefinida, con la paralización de más de 600.000 juicios y 40 millones de actos judiciales que impide el libre acceso de la ciudadanía al derecho a la tutela judicial efectiva y el libre ejercicio de los bufetes que ya han visto mermado su trabajo con un retraso de su actividad que abarca desde los seis meses hasta el año y medio.
"En manos de este Gobierno, todavía en activo, está el arreglar este problema latente desde hace varios años Y la mejor forma de demostrarlo es convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia", concluye el comunicado.
